La administración pública de cualquier país, estado y municipio requiere de personas conocedoras de la materia a la que se van a dedicar, apasionadas de su función, responsables y comprometidos, altamente capacitados, con conocimientos acreditables, habilidades probadas, en fin, con méritos suficientes para desempeñar el cargo. Su ingreso al servicio público debe satisfacer los más altos estándares posibles.
Poco se ha logrado al respecto a pesar de la existencia de una Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal que fue promulgada en 2003. Es decir, apenas en este abril se cumplirán 21 años de la existencia formal de un instrumento que ha pretendido la transformación del manejo patrimonialista o de botín de la administración.
El control del Estado por parte del partido gobernante, en otro tiempo, hizo que sus miembros usaran los recursos públicos para obtener ganancias político-electorales y repartieran recompensas a sus adeptos. La democratización y la liberalización que vivió en el país, de forma señalada en la última década del siglo XX, con su correlato en la competencia electoral, han venido a ser formas para que el partido en el poder y quienes desempeñan tareas ejecutivas del más alto nivel vean en el uso personal de los espacios de las instituciones públicas un riesgo. O, al menos, eso se piensa, aunque lo cierto es que sin un compromiso personal y, más importante aún, con instituciones fuertes la regresión hacia el manejo personal de los bienes públicos es posible.
Autores como María del Carmen Pardo, Omar Guerrero y Rafael Martínez Puón, académicos que han contribuido de forma notable al tema, han señalado que, sin un verdadero servicio civil de carrera, los grandes problemas y pendientes nacionales seguirán siendo eso: problemas (más complicados) y pendientes (que habrán de colocarse junto a los nuevos).
En particular, el profesor Martínez Puón ha escrito sobre los mitos –él propone cinco– del servicio profesional de carrera:
1. La existencia y funcionamiento de un servicio profesional de carrera está garantizada en el cambio de gobierno, sobre todo cuando el partido vencedor de las elecciones es el mismo.
2. Una ley del servicio profesional de carrera es sinónimo del funcionamiento de un servicio profesional de carrera como tal.
3. Los servicios profesionales garantizan un cambio de actitud en los servidores públicos en el corto plazo basado en el profesionalismo y la eficiencia.
4. Los políticos entienden la importancia de burocracias profesionalizadas y, por lo tanto, se convierten en los principales defensores de un servicio profesional de carrera.
5. Las normas, así como las herramientas para poder gestionar un servicio profesional de carrera, en la medida en que son mejores, garantizan un funcionamiento óptimo del mismo.
Estos mitos son, precisamente, eso, sentencias ficticias: a los nuevos gobiernos puede no importarle un servicio de carrera de calidad; es más, eso puede estorbarles y harán todo lo que esté a su alcance para desbaratarlo viendo en el personal público un gasto innecesario; pasar algo a la Constitución o a la ley no significa que las prácticas cambien (la realidad no se transforma por decreto); la interiorización de mandatos legales que devendrán en nuevos comportamientos lleva tiempo; la lógica de los políticos es, en ocasiones, diferente a la de los administradores públicos ya que, por ejemplo, los tiempos de la política son diferentes a los de la tarea de administrativa, por lo que suele pasar que el político vea con recelo y desconfianza al funcionario civil; finalmente, la ley, por más cuidadosamente redactada que esté, por sí misma, no asegura un funcionamiento de alta calidad de una institución, es una herramienta más que se suma a otras para tener un mejor gobierno. Hay todavía un tramo, largo, cuesta arriba y accidentado para que los mitos se vuelvan realidades constatables.
En este año electoral, es urgente recordar la importancia que poseen los servidores públicos, porque la administración pública es perenne. Gobiernos vienen y van, pero la burocracia se mantiene. A ellos y a ellas hay que ponerles atención.
Hay que estar pendiente de lo que digan –o callen– quienes aspiran a ocupar cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo de la República y en los estados sobre el servicio público. Con ello, algo se podrá saber de las eventuales acciones en materia de fortalecimiento o debilitamiento de la administración pública.
