Chenalhó y Oxchuc, crisis de gobernabilidad
Los conflictos político-electorales en Chenalhó y Oxchuc, no son sólo la manifestación de dos pugnas entre grupos que se disputan el poder y los beneficios que se derivan de él. La disputa por los recursos económicos estatales y federales que reciben esos municipios indígenas, y que son el motor de la economía y el lubricante del aparato de dominación política, es un factor preponderante para entender lo que sucede en esas comunidades pero no el único.
Los casos Oxchuc y Chenalhó son el reflejo del choque entre sistemas de representación política comunitarios y electorales. La presencia de los partidos políticos en las sociedades tradicionales no ha abonado a la estabilidad sino que han sido motivo de dispersión y polarización. Tampoco ha fortalecido la legitimidad de las autoridades, por el contrario, la ha hecho vulnerable. Los liderazgos comunitarios, basados en el prestigio y la autoridad moral, han sido desvirtuados por los colores, siglas e intereses partidistas.
El déficit de gobernabilidad que ha sufrido este gobierno, también hizo crisis en esos municipios. No hubo capacidad en la Secretaría de Gobierno para prever y evitar esos conflictos, e incluso se convirtió en parte del problema cuando uno de sus funcionarios negociadores, Gustavo Víctor Moscoso Zenteno, coordinador de Subsecretarías de Gobierno Regionales, fue señalado como defensor de empresas constructoras con intereses en esas demarcaciones. La dependencia gubernamental tampoco fue competente para encontrar una salida eficaz a las problemáticas y avaló soluciones parciales y fuera de la legalidad como las renuncias forzadas de las alcaldesas electas Rosa Pérez Pérez, de Chenalhó y María Gloria Sánchez, de Oxchuc. Los brotes de ingobernabilidad la obligaron a optar por una solución falsa que hoy se le ha revertido.
En esa dinámica de decisiones erráticas, también incurrió el Congreso local, al aprobar las licencias de las presidentas municipales y regidores sin las suficientes bases jurídicas. En el caso de Oxchuc, en el documento de revocación el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejó muy claro el irregular proceder del Legislativo chiapaneco en el Decreto que obligó a la renuncia de los funcionarios municipales:
«…se trató de un acto unilateral que carece de los fundamentos y motivos esenciales que justifiquen la adopción de la medida, dado que no se encuentra al arbitrio del órgano legislativo sustituir regidurías sin causa sustentada en la Constitución o la ley».
De acuerdo con la más reciente información, no hay señales de que pronto se cumpla la sentencia ordenada por el TEPJF de restituir a alcaldesas y regidores violentados en sus derechos políticos y constitucionales. Para el gobierno, lo más importante, dice, es evitar las confrontaciones, mantener la paz pública y lograr la reconciliación; con ese argumento, disfraza su inoperancia para resolver el conflicto; es decir, la restitución del Estado de derecho, puede esperar.
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