La trampa del cero financiamiento a partidos
Dejar en ceros el financiamiento a partidos políticos para gastos de campaña electoral y destinar el dinero a la ayuda a damnificados de los sismos y a la reconstrucción, es una propuesta que suena bien para el consumo de una sociedad agraviada por sus políticos. Pero cuando ese planteamiento se hace desde el poder, desde el partido en el gobierno, la iniciativa viene envenenada. Despojar de recursos a los partidos opositores, significa limpiarle el camino al candidato oficial a la gubernatura de Chiapas y perpetuar en el poder al grupo que hoy lo detenta.
La inequidad sería abismal. Mientras que la oposición vería mermado drásticamente su impacto proselitista, el ungido por el gobernador y sus tutores tendría a su disposición todo el aparato estatal (dinero, programas asistencialistas, recursos políticos, logística e infraestructura) para aplastar a sus contrincantes.
En este contexto, la propuesta se advierte populista, antidemocrática y perversa. Y también alevosa, porque quien impulsa la iniciativa en el Congreso local es el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México y principal aspirante oficial a la candidatura a gobernador.
A ver qué dicen las fracciones parlamentarias y los propios partidos afectados. Si se doblegan ante la imposición o dan la cara para defender sus derechos ante esta iniciativa evidentemente oportunista. Puede suceder que los partidos opositores se opongan y que sus legisladores –coaccionados o cooptados– lo aprueben, aunque después paguen el costo haciendo el ridículo cuando la Corte les revierta la reforma al Código Electoral por inconstitucional.
Porque deben saber que la ley marca que el tiempo límite para hacer modificaciones a la norma, debe ser noventa días antes de iniciar el proceso electoral, como lo expresa el a Artículo 105 constitucional, fracción II: «Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales».
Por si fuera poco, el Artículo 41 de la Constitución Política de México, establece en su fracción II, que «La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado».
No obstante, en su sesión del miércoles la Comisión Permanente del Congreso chiapaneco, turnó a comisiones para su análisis y dictamen las iniciativas que buscan restringir o quitar el financiamiento a los partidos políticos para la campaña electoral del 2018.
Como ha sucedido en otras ocasiones, los diputados locales quieren torcer la ley a conveniencia de quienes detentan el poder y quieren perpetuarse en él. Si aprueban las reformas al Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, tendrán que afrontar las consecuencias de sus actos legislativos irresponsables; advertidos ya están.
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