Las periodistas en México se enfrentan a la falta de seguridad social, desigualdad en los ingresos; violencia en el ámbito laboral, así como la llamada triple jornada laboral producto del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias
En México, las periodistas se enfrentan a la falta de seguridad social; desigualdad en los ingresos; violencia en el ámbito laboral, así como la llamada triple jornada laboral producto del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
Así lo señala el informe «Condiciones laborales de las y los periodistas en México», elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) en 2015, en el que se documentó que 44.7 por ciento de las periodistas laboraba en más de un medio de comunicación; y de las periodistas encuestadas, sólo 25.9 por ciento ocupaba un cargo de dirección.
El informe mostró que aunque la experiencia profesional es alta, las y los profesionales de los medios no generan derechos laborales debido a la alta rotación en los empleos: con frecuencia cambian de empresa o empleador, incluso en el proceso se convierten en «freelance», es decir se independizan pero siguen en los medios.
Asimismo, sólo 54.5 por ciento de la población encuestada cuenta con seguridad social; 26 por ciento de este porcentaje son mujeres y 28 por ciento hombres, sin contrato por escrito o sindicalización.
Rosa Eugenia Linares, es ejemplo de esto. Además de ser fotoreportera freelance en temas sociales y políticos, es madre de un hijo con una discapacidad.
Mejor conocida como «Rosy» entre el gremio de Morelos, donde es originaria, no tiene un empleo formal desde diciembre de 2018, cuando fue despedida del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Además de los despidos, ha vivido violencia, discriminación y precarización ante la ausencia de mayor regulación de los derechos laborales en la industria periodística y políticas de cuidado especializadas.
Periodismo para hacer denuncia social
En su infancia, marcada por la violencia familiar y la pobreza, Rosy soñaba con ser maestra de Ciencias Sociales, trabajadora social o enfermera, porque, aseguró en entrevista con Cimacnoticias, «son profesiones en las que se ayuda a la gente».
Sin poder estudiar la preparatoria, encontró años más tarde una ocupación que le daría la satisfacción de ayudar a otras personas: el fotoperiodismo.
Iniciaba la década del 2000. Rosy tenía 30 años y estaba desempleada. Escuchó en la radio un anuncio donde solicitaban a una secretaria y asistente de producción en un noticiero de gestoría social que se llamaba «Línea Caliente Noticias».
Fue contratada como secretaria. Desde ese lugar, cada mañana veía llegar a las y los periodistas a la radio, escribir algunas líneas, salir al aire y luego se iban a cubrir un nuevo evento. Eso la entusiasmó.
Al ser un programa de gestoría, la radio recibía muchas llamadas para solicitar algún tipo de ayuda. Rosy las atendía todas: anotaba el nombre de la persona, la colonia, la necesidad que tenían (por ejemplo que no pasaba el camión de la basura, que se necesitaba medicamento, entre otras). Luego, pasaba el mensaje a las y los locutores, quienes enlazaban a la población con las instituciones involucradas. «Eso es lo que me gustaba. Me gusta todavía, era una forma de hacer denuncia social», reflexionó.
Luego de trabajar un año como secretaria, Rosy buscó integrarse en el equipo de producción de otra radiodifusora local, «La Tremenda», donde le dieron la oportunidad de ser corresponsal de la zona oriente de Cuautla, Morelos. Ahí, el periodista Fernando Baltazar le propuso que hiciera fotografía.
Entusiasmada, se compró su primera cámara en una oferta, y de manera autodidacta, empezó a hacer fotografías. Sin ninguna preparación profesional, encontró entonces que la técnica para hacer buenas fotografías era pensar antes qué se espera transmitir, enfocar una imagen, un símbolo y luego no soltar el disparador. Por ejemplo, a Rosy le gusta cubrir manifestaciones sociales en las que captura cuando las personas empuñan la mano hacia arriba porque para ella simboliza «estar en la lucha».
Las fotografías de Rosy Linares han sido retomadas por medios de comunicación como «La Jornada» y otros locales como «Punto por Punto», «Morelos Migrante Noticias» y «Mochicuani». En el año 2011, una de sus fotos fue elegida en un concurso de la organización Greenpeace.
Ser autodidacta o empírica le ha valido muchas críticas de las y los compañeros del gremio, pero ella no dejó de practicar e incluso leer libros de periodismo para seguir su formación. Sin recibir ninguna remuneración por las fotografías que retomaban otros medios, aprendió a medir de otra forma el impacto de su trabajo; por ejemplo, recordó alguna vez que una mujer denunció en sus redes sociales que estaba en un hospital público pero no recibía atención médica para su hija, Rosy la contactó, cubrió la noticia, dio seguimiento y consiguió que atendieran a la niña.
Laboró en «La Tremenda» hasta 2009. Después se involucró en la campaña del político Jesús González Otero quien buscaba la presidencia municipal de Cuautla, la cual ganó y le ofreció trabajo como personal de confianza en Comunicación Social del sistema municipal DIF, donde habría sido despedida en 2014 por discriminación.
La exclusión
Después de haberse convertido en madre de Jesús Daniel, un niño que nació con parálisis cerebral producto de una negligencia médica por parte del Hospital General de Cuautla, ningún espacio de trabajo ha querido garantizar a Rosy los derechos básicos a la seguridad social, guardería, un salario digno y estabilidad en el empleo. Por el contrario, la enfermedad de Jesús ha sido motivo de exclusión y discriminación para ella.
Cuando Jesús Daniel nació, en 2013, Rosy laboraba como «personal de confianza» en el DIF, por lo que no tenía prestaciones de ley, no tenía acceso a guardería ni a licencias por maternidad, además de que las jornadas de trabajo eran más largas que para el resto del personal.
Para ella el dilema era grande: Jesús no es recibido en las escuelas porque lo consideran un «foco rojo», un niño problema con el cual no saben lidiar; además presenta convulsiones casi cada hora, lo que ocasiona que se lastime. Una vez intentó dejar al niño encargado con una conocida a quien se le cayó pero no dijo nada; durante la noche, Jesús terminó en el hospital por un ataque de epilepsia, producto de ese golpe.
Con tal de no perder el empleo, Rosy negoció que le dieran el día a cambio de que se le descontara de su salario y optó por llevar a Jesús al empleo. Pese a ello, en 2014, la entonces presidenta del DIF, Guadalupe González Mosqueda, inició un hostigamiento laboral en su contra y luego la despidió. Por casi 3 años de trabajo continuo recibió una indemnización de 4 mil pesos.
La precariedad laboral
Algunas compañeras y compañeros del gremio periodístico han sido un sostén para ella y su hijo, En reiteradas ocasiones le han dado apoyo, también colaboraba para otros medios digitales y de radio, como Radiorama Morelos cadena Cuautla, de donde fue despedida injustificadamente y a solicitud de los dueños de la empresa. Por este despido, Rosy inició una demanda que no procedió porque, protegidos por la subcontratación, los empleadores no reconocieron haber tenido una relación laboral con ella.
Aseguró que haber levantado la voz ante el despido injustificado le significó un veto en la radio de Morelos, lo que aunado a la condición de salud de su hijo que requiere su atención las 24 horas, se ha traducido en que ningún medio de comunicación local la contrate.
En 2017, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitó el municipio de Tlayacapan, en Morelos. Ahí, la periodista Maru Rojas le contó sobre la precaria situación que se vive en los medios de comunicación de la entidad y, en particular, la grave situación que atravesaba Rosy, por lo que Peña Nieto ordenó que se le diera un empleo en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), donde fue despedida un año después por supuestos recortes de personal.
Desde entonces, Rosy se empleó como trabajadora del hogar por lo cual recibe 150 pesos diarios, vende comida y de vez en cuando hace fotoperiodismo, lo que implica llevar a Jesús Daniel, ahora de 8 años de edad, cargando sobre sus espaldas pues por su incapacidad no tiene movilidad.
A cambio de sus fotos, algunas de sus compañeras y compañeros que tienen portales de noticias en las redes sociales le dan un «apoyo» que varía entre los mil y mil 500 pesos mensuales. Además, ella sube sus fotografías y las historias a sus redes sociales. Actualmente no tiene una cámara fotográfica profesional pero utiliza su celular para hacer fotografía y video.
El hecho de cargar a su hijo en las espaldas durante la cobertura de marchas, incluso de linchamientos u otros altercados que se suscitan en campo, se ha convertido en un triple riesgo para ella, ya que además de producirle dolores en la espalda y estar expuestos a un daño físico, Rosy enfrenta la discriminación por parte de autoridades que han querido excluirla de las conferencias porque no la consideran periodista al no laborar en un medio convencional. Hasta sus propias compañeras y compañeros expresan molestia por llevar a su hijo a las coberturas.
«Cuando ya no trabajas en radio, cuando no trabajas en televisión, en algún medio conocido, una prensa escrita y cuando eres freelance, te discriminan, no existes», declaró.
Pese a no pertenecer a un medio de comunicación, Rosy aún busca con sus fotos ayudar a otras personas. Por ejemplo, ella es identificada por periodistas como Estrella Pedroza, freelance, y Emanuel Ruiz Estrada, de El Sol de Cuautla, como una fotógrafa comprometida con la cobertura de temas sociales.
Ambos coincidieron en entrevista que Rosy ha sido una de las periodistas que más se ha involucrado con la comunidad de Amilcingo, también en Morelos, que defienden su territorio frente a la construcción del Proyecto Integral Morelos, ello con el fin de dar a conocer las violaciones a los Derechos Humanos que han vivido sus pobladores.
Este proceso de defensa del territorio en Amilcingo derivó en el asesinato en febrero 2019 del defensor Samir Flores, principal opositor del Proyecto Integral Morelos.
El defensor e integrante del frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Jorge Velázquez, dice que Rosy siempre asiste -aún con el niño en sus espaldas- a las protestas y actos políticos que realizan, y siempre se ha mantenido apegada a la narrativa a favor de los DH.
«El periodismo en primer lugar es algo que le gusta mucho, se apasiona con algunos temas, en particular sobre todo los que tienen que ver con el activismo, derechos de la mujer, cuestiones sociales (…) Rosy ha participado, se ha involucrado en algunos temas en particular que le llaman la atención como el caso de Samir flores, ya desde antes que muriera, ella le hacía mucho el tema, sí es una comunidad que no se abre a cualquier persona y medio de comunicación (…) ella a veces llega a conseguir información que a lo mejor otros trabajadores otros reporteros no tienen acceso porque no son tan cercanos», explicó Ruiz Estrada.
Y agregó: «Creo que entre más personas lo hagan es mejor para todos y Rosy lo hace, y lo hace todos los días y pues sin importar si se le escucha en alguna estación de radio. Lo hace a través de su cuenta de Facebook y mucha gente comparte lo que ella escribe y creo que ese es un contrapeso que se tiene que dar para el reconocimiento de los derechos, pues de todos y de todas aquí en el estado».
Persistir
La experiencia de Rosy, sin embargo, ha servido para evidenciar la precariedad en la que viven las y los periodistas en México. En 2018, fue elegida por la organización internacional Artículo 19 para hablar ante el Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica, sobre su situación, los bajos salarios, las consecuencias de la subcontratación y el desempleo en la industria periodística en el país.
Exactamente un año después del asesinato de Samir Flores, en febrero de 2020, Rosy sufrió un robo en su domicilio. Se llevaron electrodomésticos. Un año después, en febrero de 2021, la periodista vivió un segundo robo, también en su casa, en donde se llevaron su documentación oficial, las escrituras de su casa, su computadora y su grabadora de trabajo.
Aunque no puede asegurar que estos robos están relacionados con su cobertura sobre el caso de Amilcingo, tampoco lo descarta, por lo que dejó a las autoridades, ante quienes denunció los dos hechos, la responsabilidad de determinarlo. Mientras, Rosy sigue haciendo fotografía con la esperanza de comprarse nuevamente una cámara profesional y poder tener una vida digna con su hijo Jesús.