La acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros integrantes del poder público estatal coloca bajo sospecha la relación entre gobierno, seguridad y narcotráfico
AquíNoticias Staff
Estados Unidos lanzó este miércoles un golpe político y judicial de alto calibre contra el poder público en Sinaloa. El Departamento de Estado y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York acusaron formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya de presuntamente trabajar con Los Chapitos, facilitar el envío de drogas a territorio estadounidense y permitir que ese grupo criminal influyera en nombramientos dentro de su administración tras haberlo apoyado, según el escrito acusatorio, en la elección de 2021.
El expediente no se limita al mandatario estatal. La acusación también alcanza a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, a quienes la justicia estadounidense señala por presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para exportar grandes cantidades de narcóticos a cambio de sobornos. La sanción buscada por Washington es de enorme peso: condenas que van de 40 años de prisión a cadena perpetua.
El dato central no es sólo penal. Es político. De acuerdo con la acusación, Estados Unidos presenta al gobierno de Sinaloa como una estructura penetrada por una organización criminal, hasta el punto de describirlo, en los hechos, como una extensión operativa de la facción históricamente ligada a Joaquín El Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada.
En ese listado aparece también el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, a quien el Departamento de Justicia señala por presuntamente haberse reunido con Los Chapitos y otros líderes del cártel, además de acordar “planes específicos” para que el gobierno estatal apoyara y protegiera a los criminales.
La red señalada por Washington alcanza igualmente al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, acusado de permitir que el cártel operara “sin interferencia del Gobierno” dentro del municipio; al exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, a quien se atribuye haber entregado datos de opositores para que fueran amenazados; y al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, presuntamente sobornado de forma mensual para proteger a Los Chapitos e informarles sobre operativos respaldados por Estados Unidos.
También figuran el exjefe de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza; su sucesor Alberto Jorge Contreras; el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito; y el comandante de la policía de Culiacán Juan Valenzuela Millán, todos señalados por presuntas acciones de protección, filtración de operativos, liberación de detenidos o colaboración directa con la estructura criminal.
Lo que vuelve inédito este episodio no es sólo el tamaño de la acusación, sino su profundidad institucional. Ya no se trata únicamente de jefes policiacos bajo sospecha o de funcionarios menores salpicados por vínculos criminales. La acusación escala hasta el gobernador en funciones, un senador de la República, un alcalde de la capital del estado y mandos clave de procuración de justicia y seguridad pública. La señal de Washington es brutal: el problema, según su tesis, no sería periférico, sino estructural.
En términos políticos, el caso reabre una pregunta incómoda para el poder mexicano: qué ocurre cuando una potencia extranjera acusa formalmente a autoridades en activo de haber sido parte del funcionamiento del narcotráfico. La relación bilateral deja entonces de medirse sólo en cooperación antidrogas o intercambio de inteligencia. Entra en una zona más áspera: la del cuestionamiento directo a la legitimidad institucional de un gobierno local y, por extensión, a la capacidad del Estado mexicano para contener la captura criminal de sus estructuras. El núcleo del problema puede resumirse así: cuando las acusaciones por narcotráfico alcanzan al poder público y cruzan la frontera, dejan de ser disputa partidista y exhiben una crisis de legitimidad estatal, impunidad normalizada y deterioro institucional.
Falta todavía la respuesta judicial, política y diplomática. Pero el hecho ya está consumado: Washington colocó a Sinaloa en el centro de una acusación que combina narcotráfico, poder electoral, protección institucional y penetración criminal del gobierno. Y eso, por sí solo, cambia la conversación pública.
