[dropcap]D[/dropcap]urante más de 30 años México ha intentado consolidar un mercado interno que genere dignidad y bienestar para la ciudadanía, pero ha terminado anclándose en una economía de contrastes y desigualdad atroz. Con medidas presionadas por el empresariado y las componendas con gobiernos consecuentes y cómplices, se ha buscado afianzar la rentabilidad de las grandes empresas sin aumentar el crecimiento social y la productividad que coadyuve con mejores salarios para la clase trabajadora.
Se han tomado medidas políticas de todo tipo, pero la más perversa por sus resultados que se traduce en una pobreza laboral, fue haber atado al salario mínimo a la unidad de medida de diversos factores económicos, que ha colocado a México como una de las sociedades más desiguales del mundo. Una de las mayores pifias políticas del último cuarto de siglo fue amarrar el control de la inflación a los salarios mínimos. Haberlo vinculado a un sinfín de pagos y cuantificaciones al salario mínimo, que transformaron el derecho constitucional de un sueldo digno, en una infame unidad de medida.
La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), expresó desde el año pasado que México es uno de los países de la región donde el salario mínimo no muestra una recuperación en la última década. Para los expertos financieros el salario mínimo en México es inferior al umbral de pobreza per cápita, derivando en una miseria que contrasta ofensivamente con el nivel de crecimiento de la riqueza.
Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión, dijo el año pasado que «La relación entre el salario mínimo y el valor de la línea de pobreza per cápita demuestra la capacidad de compra del salario mínimo. México es el único país al final de la década (2002-2011) donde el valor del salario mínimo es inferior al umbral de pobreza per cápita».
El experto explicó que México es uno de los países de la región donde el salario mínimo no muestra una recuperación en la última década y si bien a mediados de los años noventa se detuvo el descenso inflacionario sostenido que se experimentaba desde los años ochenta, las últimas décadas están pautadas por su relativa estabilidad. De ahí que sostener al salario mínimo como una unidad de medida, no solo es innecesario, sino que constituye uno de los principales factores para generar pobreza y pobreza extrema.
En razón de la sensacional declaración que puso en jaque el sentido triunfalista de las reformas estructurales, los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional coincidieron -luego del anuncio de la CEPAL- en que el primer paso para que se diera un aumento al salario mínimo, debía ser mediante la desvinculación del sueldo como unidad de medida jurídico – administrativa.
En su momento Ricardo Anaya, secretario general del PAN, dijo que si el salario se desvinculaba, entonces habría un salario que sólo sirva para determinar lo que una persona necesita para vivir en México. Señaló era necesario crear un nuevo salario en el que se ponderen como criterios las líneas de bienestar urbana y rural del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el tamaño de las familias, un salario específico para jóvenes y el tipo de ingresos que reciben las personas.
Derivado de más de un año de cabildeo y de una vuelta circular entre la cámara baja y el Senado, el trabajo parlamentario dimanó en un acuerdo en el que las posturas de todas las corrientes coincidieron en lo inevitable, un acuerdo –este si político- de atención a la clase trabajadora:
El coordinador del Grupo Parlamentario del PT, Manuel Bartlett Díaz, coincidió en que era necesario quitar la carga al salario mínimo como medida de unidad; «pero el Congreso –acotó– debe dar la batalla política en defensa de los trabajadores, frente al interés real del gobierno federal de elevar los sueldos y así obtener mayores ingresos vía impuestos».
La senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del PRI, expresó que «por encima posiciones político-partidistas se requiere asentar las bases para que todos los mexicanos alcancen una calidad de vida óptima y no se estén tronando los dedos por saber si va a tener para comer el siguiente día».
Pilar Ortega Martínez, senadora del PAN, destacó que México es el único país de América Latina que mantiene «salarios mínimos estáticos» y quedó rezagado en comparación con Brasil, Argentina y Chile, que «robustecieron» los sueldos de sus trabajadores y, como resultado, impulsaron la generación de empleos y el crecimiento económico.
La senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN, dijo que para que la desindexación del salario tenga un impacto en la economía de los mexicanos, deberá ir acompañado del restablecimiento de la naturaleza del salario mínimo, como el monto indispensable que permita adquirir los bienes para vivir adecuadamente y el chiapaneco Zoé Robledo Aburto del PRD, refirió que la desindexación del salario es un primer paso para combatir la desigualdad.
Una vez aprobado por mayoría en el Senado, el 19 de noviembre pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional para la desindexación del salario mínimo y se abrió la primera posibilidad de dignificar el salario de las clases más bajas. Esta, es la primera gran reforma que aprueba la LXIII legislatura, con la que rompe de tajo con 37 años en los que el salario mínimo fue sujeto a un ancla compleja en la que su aumento justo se eludía, para evitar incrementos inflacionarios, a decir de los «funcionarios del ramo».
Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva aclaró en el anuncio de la aprobación de la desindexación, que se trata de destrabar el salario mínimo de dos mil 413 disposiciones de distinto tipo, ordenamientos federales y locales, que lo atan al sótano, dijo «es la injusticia que hoy venimos a reparar. Esto que parece un mero ejercicio técnico-jurídico, [pero] es un cambio mayor en el arreglo económico mexicano». El objetivo de la reforma, enfatizó, «es que los salarios sean independientes de ataduras jurídicas, y la gente pueda vivir y salir de la pobreza, mediante el trabajo duro y honesto».
En general, la gran Reforma aprueba que sea el INEGI el que calcule en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia de los mini salarios. Ello tendrá entre otros efectos positivos que incluso el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, se fijará anualmente al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del valor diario de la UMA.
Habría que decir que esta decisión política nada tiene que ver con quienes ganan un salario mínimo y que difícilmente son representados por los sindicatos, que agrupan a no más de 10 por ciento de la población trabajadora. De alguna suerte esta una de las primeras decisiones políticas de las principales fuerzas políticas del país, representadas en el Congreso de la Unión, que animan la confianza ciudadana en sus instituciones.
Habría que recordar también, que el esquema económico actual deviene de los periodos de López Portillo y Miguel de la Madrid en la década de los 80s, con los que se experimentaba inflaciones anuales del 170 por ciento anual, por el circulo vicioso de alza de gasolina o salario y alza de precio, que puso a la economía nacional en una situación precaria.
Luego, al inicio de los 90s con la firma del TLCAN, los salarios mínimos tuvieron mayor presión por parte del empresariado y lo constituyeron en una unidad de medida para regular la tasa salarial, de aprovechamientos, impuestos, hipotecas y más, y ahí la presión jurídica significó un grillete para el crecimiento y la dignidad de los trabajadores.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la productividad laboral de México tiene un crecimiento modesto durante los últimos 15 años que, sin embargo, es de las más altas en América Latina y contrasta con el salario mínimo más bajo. La productividad laboral de nuestro país se compara con la de Chile, por ejemplo, pero el salario mínimo sólo es comparable con Nicaragua y Bolivia.
Pongamos como ejemplo el caso chileno, donde en 2013 su productividad sumaba 20 mil dólares y su salario mínimo es de 366 dólares, mientras que México, con una productividad similar tiene un salario mínimo de 112 dólares. Ahora, cientos de leyes y códigos locales deberán ser reformados, para modificar todas las referencias que se hagan al salario mínimo y sean sustituidos por una nueva unidad de medición que establezca la Unidad de Medición y Actualización que sería normada por el INEGI y ya no por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
La gradualidad se impone para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. En Chiapas el congreso, el Poder Judicial y la secretaría de trabajo, entre otras deberán enfocar con método ágil los procesos para adecuar las leyes en que se señala el salario mínimo como unidad de medida de apremio, sanción, multa, pensión, etcétera.
Al respecto ya hay estados que aventuran aumentar el sueldo a $67.29 mientras el jefe de la Ciudad de México, expresa en forma populista que debe de ser de más de $ 82 pesos, sin considerar que la mayor parte de los contratantes son pequeñas y medianas empresas, que no soportaría de inicio un incremento tan drástico y que de suceder, prescindirían de trabajadores para subsistir, aumentando la tasa de su desempleo
En lo sucesivo, el INEGI publicará en el Diario Oficial en los primeros diez días de enero, el valor diario, mensual y anual de la UMA. Su valor se ajustaría multiplicando el valor diario de la UMA del año inmediato anterior por uno, más el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, del mes de diciembre del año inmediato anterior. El valor mensual de la UMA se calculará multiplicando su valor diario por 30.4 y las dependencias federales deberán tomar las medidas para sustituir las referencias al salario mínimo por la UMA, mientras que las entidades federativas, el DF y los municipios lo podrán hacer en caso de así decidirlo. Veremos.
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