El Senador de Chiapas respaldó la propuesta presentada por su grupo parlamentario para modificar el artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Redacción
[dropcap]E[/dropcap]l Senador de Chiapas, Zoé Robledo, respaldó la iniciativa presentada por su grupo parlamentario para modificar el artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y proteger así los derechos políticos de las mujeres en el país.
«La propuesta presentada por mi compañera Angélica de la Peña, busca añadir el inciso «e» que considere la existencia de cualquier acto u omisión que constituya violencia política de género contra las mujeres con la finalidad de impedir o restringir el ejercicio de sus derechos político electorales.»
El legislador chiapaneco coincidió en que resulta fundamental que la violencia política de género sea planteada en los medios de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales electorales, siendo la vía más adecuada para impugnar este tipo de violencia el juicio para la protección de los derechos político–electorales, medio constitucional idóneo para la defensa de esos derechos.
Sin embargo, destacó, uno de los principales retos para el acceso a la justicia y la reparación del daño en casos de violencia política es la forma en que habrán de aprobarse los hechos, es decir, las circunstancias en que estos casos tienen lugar complican la obtención e interpretación de las pruebas; por ello, las autoridades que conocen de ellos deben actuar con enfoque de género.
«En Chiapas tenemos claros ejemplos de violencia en función de genero. La Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) ha solicitado en más de una ocasión se frene la impunidad en los ayuntamientos chiapanecos, permitiendo a las mujeres el libre ejercicio de sus funciones, además que se tipifique de inmediato la violencia política.»
Zoé explicó que existen casos específicos, documentados por Repare, como el de Rosa Pérez, expresidenta municipal de Chenalhó, a quien le fueron arrebatados sus derechos políticos y la obligaron a pedir licencia indefinida.
Además del caso de las regidoras plurinominales Alicia Santiz Gómez, Mercedes Gómez Sánchez y Sara Santíz López en Oxchuc, mismas a las que no se les ha permitido tomar posesión de sus cargos.
En Tecpatán, se encuentra el caso de las regidoras María Bertha Castellanos, María Rosario Pérez Flores, Rosbita Mireya Mancilla Juárez y Patricia Santos, quienes aseguran que sus compañeros las han dejado fuera de las sesiones de cabildo, se les han retenido sus salarios y se les obliga a signar documentos sin permitirles antes, conocer el contenido de los mismos.
Finalmente, el parlamentario dijo que para tipificar adecuadamente el delito de violencia política de género contra mujeres se deberán realizar modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General de Delitos Electorales y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
