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Seguridad en frontera sur es extrema: OSC

Seguridad en frontera sur es extrema: OSC

Piden las agrupaciones civiles que no se vulneren los derechos humanos de las y los migrantes

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Aunque las autoridades informan que la seguridad en la Frontera Sur del país se ha reforzado para cumplir con los protocolos sanitarios que demanda la contingencia por COVID-19, defensores de derechos humanos, aseguran que éstos han sido extremos y no se respetan las garantías individuales de las y los migrantes.

El Instituto Nacional de Migración (INM), dio a conocer que, desde este inicio de semana, en Ciudad Hidalgo -región fronteriza con Guatemala- instalaron agrupamientos organizados, equipados y entrenados, quienes auxiliarán para el rescate humanitario en la frontera sur.

Y aunque las mismas autoridades hacen un llamado a su personal para ir en contra de los que se aprovechan de las necesidades de las personas migrantes, la realidad, es que sí se abusa de la población migrante, según denuncian defensores.

“Es bastante extremo, de alguno u otra forma está violentando del libre tránsito de las personas migrantes, aunque se realizan recomendaciones sobre el trato hacia las y los migrantes, no se están siguiendo, al contrario, lo que hemos visto es que no se garantiza seguridad jurídica de las personas, algunas se encuentran en estado vulnerable”, denunció Rosemberg López Samayoa, presidente de la Asociación Civil, “Una Mano Amiga”.

Cabe mencionar que para que un migrante pueda pasar a territorio mexicano -además de cumplir con la documentación que así se lo permita- debe haberse realizado una prueba para descartar que tiene COVID-19, misma que ellos deben costear, además de todos los gastos que implican su recorrido hacia territorio estadounidense.

“Es lamentable que en Tapachula exista un nombramiento de un visitador en asuntos para cuestiones migratorias, donde la CEDH le dé un nombramiento y que esa persona no conozca procedimientos y que estén omisas en estas acciones”, detalló López Samayoa.

Sin embargo, remarcó que los abusos no sólo se dan por parte de personal de migración -quienes abusando de su poder realizan cobros excesivos e ilegales por la entrega inmediata de documentación oficial-, sino, de la misma sociedad, quienes muestran su rechazo hacia personas migrantes, pero además, exceden el cobro por servicios básicos, como un lugar para dormir, el transporte público, entre otros.

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