De acuerdo con los Datos Económicos y Proyectos Mineros en Chiapas, proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Minero al Servicio Geológico Mexicano, los siete proyectos autorizados en territorio chiapaneco pertenecen a empresas canadienses y están causando un severo deterioro ambiental, advierten activistas
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]M[/dropcap]ientras que Canadá dejó solo a México ante las renegociaciones por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues ponderó sus intereses nacionales al «amor» hacia sus amigos mexicanos; en Chiapas, las mineras canadienses en colusión con las autoridades sacan provecho de sus recursos naturales a costa de las comunidades que en reiteradas ocasiones han exigido su salida y denunciado sus abusos.
En tanto que el gobierno del estado argumenta que el préstamo de 125 millones de pesos que gestiona ante el Congreso del estado es para edificar una instalación militar que albergará a un batallón (medio millar de hombres) en Chicomuselo a fin de reforzar la seguridad debido a que es una zona susceptible de trasiego de drogas y armas, además que hay trata de personas, los comuneros de la zona Norte acusan que en realidad las fuerzas castrenses serán utilizadas para neutralizar las protestas antimineras que se han gestado en la región.
Hay un informe del denominado Instituto Fraser que retoma el portal Sin Embargo, en el que se especifica que el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Por su parte, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha registrado que 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas.
De acuerdo con los Datos Económicos y Proyectos Mineros en Chiapas, proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Minero al Servicio Geológico Mexicano, los siete proyectos autorizados en territorio chiapaneco pertenecen a empresas canadienses. De los siete, en tres se extrae oro; de éstos, en uno, también plata. Del resto, en una, titanio; en otro, bario; en uno más, hierro; y en el último, antimonio.
Fuego destructor
Blackfire Exploration mantiene cuatro proyectos denominados «La Cristina», «La Revancha», «Pijijiapan», así como «Siete Mulas y La Mulita». Millrock Resources Inc. o Riverside Resources Inc.; Primero Mining Corp; y Radius Gold Inc. tienen uno cada cual; se denominan «Coatán», «Ixhuatán» y «Amatista-La Fruta y El Mole», respectivamente.
Según el artículo publicado por la periodista Dulce Olvera en dicho portal noticioso, Blackfire Exploration está en la lista de aquellas señaladas por los comuneros de dañar su comunidad y cometer actos de agresión en su contra. Asimismo, se le relaciona con el asesinato del activista Mariano Abarca Roblero, cometido en el año 2009 en el municipio de Chicomuselo.
La Red de Mexicanos Afectados por la Minería dio cuenta en 2013, mediante boletín, que el conservacionista se oponía a la actividad minera en la zona, por lo que fue víctima de intentos de extorsión, golpizas, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte por las que interpuso denuncias contra la minera antes de ser asesinado.
El Observatorio de Conflictos Mineros detectó 37 disputas en territorio nacional con mineras, de las cuales, 17 empresas de Canadá destacan en 19 de ellos. En los casos, dos corresponden a Chiapas; entre ellos, de nueva cuenta se menciona a Blackfire.
«Desde el año 2008 la empresa canadiense Blackfire intentó explotar en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, la mayor mina de barita del mundo, que prometía alcanzar un ritmo de producción de 360 mil toneladas anuales de esa piedra utilizada para la perforación petrolífera», se lee en la nota periodística.
No obstante, los campesinos de los ejidos Grecia y Nueva Morelia se opusieron con manifestaciones hasta el crimen de Abarca Roblero, quien era miembro de la organización de derechos humanos «Dos Valles Valientes».
«También han sido amenazados de muerte miembros del Comité de Derechos Humanos Oralia Morales en Frontera Comalapa, y del Comité de Derechos Humanos 10 de enero en Chicomuselo». Asimismo, el reportaje especifica que la mina fue cerrada y la firma canadiense no puede operar hasta que cumpla las regulaciones ambientales exigidas.
En el segundo caso, Sin Embargo consigna que mediante engaños, a la población campesina del ejido Carrizal, funcionarios de la canadiense Linear Gold Corp obtuvieron un permiso de exploración que intentaron convertirlo en luz verde para la explotación. Hubo «un detenido (ya liberado), hostigamiento policial y amenazas de muerte ante la resistencia de la población local y del Frente Regional Contra las Privatizaciones (FRCP-FNLS)».
Sin cancelación
No obstante estos incidentes, en la página de la Secretaría de Economía, con información del Servicio Geológico Nacional (SGN), ninguno de los siete proyectos mineros en Chiapas ha sido cancelado. Dos están en fase de exploración; y los cinco restantes, en postergación aunque su concesionaria, Blackfire, aparece como «salió del país».
En mayo de 2016, mediante boletín, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad-Nodo Chiapas denunció que el porcentaje de territorio concesionado a la minería dentro del estado aumentó del 2.85 al 15.96 por ciento entre el 2009 y 2013. Los datos de Geoinfomex revelaron que en ese periodo de cuatro años, se pasó de tener concesionada una extensión de 200 mil 400 hectáreas, a un millón 460 mil 740 hectáreas en 2015 destinadas para tal fin.
La Unión de Científicos explica en el boletín que según los datos proporcionados por el Sistema de Administración Minera (SIAM) acerca del territorio concesionado en 2015, la extensión «correspondería al 19.84 por ciento del territorio estatal», pero aclara que existen otras fuentes cuyas cifras estiman que en realidad asciende a 30 por ciento de todo Chiapas.
Para llegar a estos resultados, se analizaron los datos de tres fuentes: el Panorama Minero del estado 2013, de la Dirección General de Minería; la página del Sistema de Administración Minera; y cifras de investigaciones independientes. A diferencia de las siete que registra el SGN, mediante ese análisis se detectaron 118 concesiones concentradas principalmente en los municipios de Pijijiapan, Acapetahua y Motozintla; además de otras concesiones en 27 de los 122 municipios de la entidad.
De todos esos proyectos, «La Cristina», de Blackfire, amenaza las reservas de la biósfera «El Triunfo» y «La Encrucijada» debido a que importantes yacimientos de minerales coinciden con los polígonos de las áreas naturales protegidas.
ANP, amenazadas
Según la Unión de Científicos, los capitales privados canadienses se fijaron en Chiapas ya que forma parte de una franja de vetas minerales que corre por el Pacífico desde Michoacán. En el caso de la entidad, dentro de esta zona se contempla a la Sierra Madre de Chiapas, ubicada entre los límites con Oaxaca y el volcán Tacaná, región prioritaria tanto para conservación como hidrológicamente.
Según datos del Sistema Integral de Administración Minera 2015, en el corredor Sepultura-Tacaná se han concesionado más de un millón hectáreas en zona de influencia o al interior de reservas estatales y federales. En total, al interior de la reserva El Triunfo se concesionaron mil 655 hectáreas; en La Encrucijada, 38 mil 230 hectáreas. Hasta el siglo pasado, la actividad minera no era relevante en el estado pero en los últimos siete años las cifras en el rubro se han acelerado, de acuerdo con los datos de Geoinfomex.
Respecto a la injerencia de las autoridades, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad-Nodo Chiapas denunció: «El Estado facilita la adecuación legislativa, como lo ha hecho con la Reforma Energética el actual gobierno, la cual ha permitido la entrada de capitales privados para la exploración y explotación petrolera, y ha dado el permiso para la extracción de hidrocarburos no convencionales y minerales raros mediante tecnologías que afectan gravemente la salud ecosistémica».
