La nueva ofensiva discursiva de Washington ocurre mientras la Casa Blanca coloca a los cárteles como prioridad antiterrorista y México exige pruebas ante acusaciones contra políticos de Sinaloa
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Donald Trump volvió a elevar el tono frente a México. El presidente de Estados Unidos afirmó que, si el Gobierno mexicano no frena el tráfico de drogas por tierra, su administración actuará directamente.
“Ahora hemos comenzado con la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Y escucharán algunas quejas de algunas personas, como representantes de México y otros lugares. Pero si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos. Y lo entienden”, dijo Trump, de acuerdo con la versión difundida de sus declaraciones.
El mandatario republicano sostuvo además que el ingreso de drogas por vía marítima se ha reducido casi por completo. “Las drogas que llegan al mar están bajando un 97%… En comparación con el mar, es bastante fácil”, afirmó.
El mensaje no aparece aislado. Trump firmó una nueva estrategia nacional contra el terrorismo que prioriza la “neutralización” de amenazas hemisféricas y la incapacidad operativa de los cárteles para introducir drogas, integrantes y víctimas de trata en Estados Unidos, según explicó el asesor de la Casa Blanca Sebastian Gorka.
El documento oficial también establece que Washington buscará actuar con gobiernos locales cuando estén dispuestos y tengan capacidad, pero advierte que, si no pueden o no quieren hacerlo, Estados Unidos tomará las acciones que considere necesarias para protegerse.
La administración Trump ya ha desplegado una campaña militar contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas de América Latina. De acuerdo con AP, esas operaciones han incluido decenas de ataques y han dejado al menos 191 personas muertas desde septiembre.
La tensión coincide con acusaciones de autoridades estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que Estados Unidos debe presentar pruebas y no solo “dichos” o “inventos”.
“En México hay un sistema penal acusatorio que es muy garantista” y para detener a alguien “tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina. También sostuvo que su gobierno no protegerá a ningún político con vínculos criminales demostrados: “el pueblo de México tiene que tener claro primero que la presidenta no cubre a nadie”.
El caso Rocha Moya abre un flanco político sensible para Morena y para el Gobierno federal. El gobernador se separó provisionalmente del cargo, mientras las autoridades mexicanas revisan la información enviada por Estados Unidos. Él ha rechazado los señalamientos y los calificó como falsos.
El punto crítico no es solo la lucha contra las drogas. Es quién define la amenaza, con qué pruebas, bajo qué reglas y hasta dónde puede llegar una potencia extranjera cuando considera insuficiente la actuación de otro Estado.
Para México, el desafío es doble: sostener la exigencia de soberanía y debido proceso, sin eludir la obligación de investigar cualquier posible vínculo entre poder público y crimen organizado. Para Estados Unidos, la presión militar puede enviar un mensaje de fuerza, pero también abre un riesgo diplomático mayor con su principal vecino y socio estratégico.
En el fondo, la disputa revela una pregunta incómoda: cuando el crimen organizado cruza fronteras, la respuesta también cruza límites políticos, jurídicos y diplomáticos. La diferencia entre cooperación e intervención puede depender de una palabra: pruebas.
