Tubo de ensayo / Rene Delios

En un solo sexenio desde Chiapas, queda marcado que desde un órgano electoral como desde una dependencia en éste caso federal, se pueden utilizar a modo cargos para beneficio de políticos y sus siglas.
El INE sancionó y la Fepade procesa, a integrantes del IEyPC cuyos ex consejeros violaron la ley de paridad entre otras lindezas, en tanto se investiga, a versión de la Sedesol, la posible manipulación de que fueron objeto miles de mujeres beneficiadas con el programa Prospera, condicionadas a permanecer en éste en caso de no asistir a la concentración convocada por el senador Roberto Albores Gleason, con motivo de su informe, el cual según éste, trató de ser boicoteado por sus adversarios políticos con ésta y otras versiones incluyendo, la agresión a los compañeros periodistas del portal Chiapas sin Censura, David Morales y Nehemías Jiménez, quienes acudieron este lunes a emitir su denuncia ante la PGR por esos hechos.
Obvio es que sus aliados sacaron a las redes las versiones de que esa intentona de desprestigiar a Albores vino desde la secretaría del campo, dependencia que cuenta igual con proyectos de apoyo para programas productivos de gran cobertura como el Procampo, lo que redirecciona la atención de las dependencias en vigilar la buena aplicación de éstos programas sin fines electoreros, y más sí se comprueba que, en efecto, Propera fue usado con fines políticos.
De entrada queda claro que ninguna de las mujeres inscritas –hayan ido o no- deberá ser ya condicionada a nada, y obliga a que, en éste estado tan lejos del centro y sus regulaciones, se refuercen los blindajes.
No es Chiapas entidad privativa de éste manejo insano de esos programas. Diversas denuncias de atracción de recursos por parte de funcionarios se han registrado por todo el país, y aunque se actúa sorprende que durante su aplicación, a tantos años de ejercerlo, no existan mecanismos de detección de irregularidades de forma inmediata.
Más arriba, en el caso de los gobiernos, aun los llamados de la función pública –como en los casos de Granier, Duarte –César y Javier-, o Roberto Borge, no se actuó de manera inmediata.
Obvio en los casos de gobiernos ya investigando a sus antecesores, como Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz, se tendrá que llegar a los procesos electorales que desembocó con la transición, y el destino de recursos oficiales que pudieron ser destinados en apoyo a candidaturas determinadas, siendo el problema, se repite, que pueden pasar años para que se den a conocer las averiguaciones, como el caso de un funcionario guerrense que, se robó más de 40 millones de pesos de la reconstrucción en ese estado durante la contingencia que vivió el puerto de Acapulco en 2012.
De la fecha a hoy pasaron cinco años, y apenas la semana pasada se dio el resolutivo y la sanción.
¿Cuánto tiempo dilatará la investigación de Sedesol en el caso Prospera de la semana pasada en Tuxtla?
Solo anunció que se investiga, pero no cuando se dará la resolución de sus especialistas, y menos el proceso de denuncia ante la PGR.
Porque éste caso aun lo sonado, se diluirá entre las otras tantas noticias mediáticas que vengan -como pasó con Acteal, Tetela, Ayotzinapa-, y si acaso –de salir nominado Albores- le revivirán el dato, pero si no hay denuncia de por medio para esa fecha, ni al caso: de hacerse no lo implica; si acaso a los funcionarios que operaron a su favor.
Lo que sí queda claro es que los institutos políticos no alineados al régimen, tendrán que estar pendientes de los modos de aplicación de esos recursos –sean federales y estatales-, y muy seguramente se suspenderán esos apoyos durante el proceso, como es lo usual, y más en Chiapas, entidad en que fue evidente ese hecho de manipulación y condicionamiento en beneficio de un político.