Tubo de ensayo / Rene Delios

De siempre nos andamos por las cúpulas y no miramos a la banqueta de la política, en la que desde luego, se puede detener la corrupción si entendemos la importancia del municipio libre, soberano, célula de la federación.
La idea sería que robustecer el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, mientras en la federación se hacen demoras para nombrar al fiscal que insistimos debe ser autónomo y no depender de la PGR.
Si esa acción se baja hasta a los ayuntamientos, el ganón será el pueblo ¿porque sí se va a estar pendiente del gasto federal porque no de los estatales y los municipales?
Ejemplos hay bastantes en los últimos años como para seguir dejándoles las manos libres, discrecionales sobre el presupuesto, a gobernadores y alcaldes.
¿El punto es cómo se coordinarán las instituciones encargadas de combatir la corrupción?
La federación no puede intervenir en estados y municipios salvo denuncia expresa de la Auditoria Superior de la Federación, y eso solo sobre dineros federales.
La idea es que se establezcan las obligaciones que deberán cumplir todos los servidores públicos, la tipificación de los actos de corrupción en los que pueden incurrir, así como los procedimientos para su detección, investigación y sanción.
Y tenemos un punto tremendo: no hay respeto a los tiempos en que los alcaldes deben estar actualizados en el gasto público, y hay los que se van sin dejar en claro las cuentas.
¿Por qué
Pues porque lo permiten en los legislativos, y atrapan a los órganos auditores en políticas partidistas incluso.
Una Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa que determine la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal encargado de juzgar los actos de corrupción que investiguen las autoridades, sería estupendo.
Pero falta un buen.
Obvio se trata también de dotar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de más facultades y herramientas de investigación que permita una fiscalización en tiempo real de los recursos públicos.
¡Eso es básico!
No que se investiga ya cuando se fue, y varios se pelan con el dinero, como Javier Duarte, que si bien ya preso, nadie habla de dónde está el dinero en miles de millones que vocifera Miguel Angel Yunes, que se robó.
Comprendería y eso se espera en lo futuro en éste o el otro sexenio, reformas a la Ley Orgánica de la Administración de Pública y al Código Penal para adecuar y fortalecer las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado para investigar, substanciar y resolver faltas administrativas no graves, y específicamente al Código Penal del Estado para regular y tipificar los delitos por hechos de corrupción.
O sea, meter a la cárcel a los ladrones y abusivos del nivel que sea.
Se habla que la corrupción en México representa el 7.5 del presupuesto según los especialistas dados a cuestionar todo del gobierno.
La cifra porcentual es muy alta; significa el presupuesto de unos cinco estados grandes.
Y dado del cómo se la viven los señores que deciden pues la gente no lo duda, y que saqueo a los erarios en todos los estados y municipios es una constante, como las ordeñas a los ductos de Pemex.