Tubo de ensayo / Rene Delios

En medio de los problemas presupuestales, de la inseguridad generada por la violencia y el crimen organizado desafiando el estado de derecho, de los escándalos de corrupción en México, tenemos también la creación del llamado sistema nacional anticorrupción.
Es la corrupción un lacero devastador de sistemas y programas institucionales y con mucho la forma de relacionarse gobierno y pueblo. Tenemos un grave problema social derivado de ello y que impacta en el desarrollo mismo.
Los recursos públicos –y los derechos ciudadanos- quedan al arbitrio muchas veces de voluntades individuales y no basados en el interés público; se entiende que hay ocasiones en que la autoridad tiene que tomar medidas apretadas y hasta con apariencia injusta, pero se observan proyectos e inversiones en consecuencia, onerosas, basadas en prospectivas de apariencia que más faraónicas que benéficas en su momento, causan inconformidad pública.
Un ejemplo de onerosidad aparente es el llamado Foro Chiapas.
Al inicio y durante su construcción, incluyendo su inauguración, fue objeto de crítica. Hoy esa instalación goza de cabal salud, y desde luego es admirada por los que acuden a ese lugar en La Feria Chiapas, para estar presentes en los espectáculos que ahí se están presentando.
Parecía oneroso: no lo fue; la gente lo disfruta y es referente de calidad en el sureste mexicano.
Pero ese es uno de los casos de aparente capricho por parte de gobernantes, el otro es la corrupción en que caen los mandatarios como es el caso tremendo de Veracruz, una entidad desfalcada por su ex gobernador hoy prófugo, un megalómano caprichoso y abusivo al que no le importó afectar a millones de sus gobernados en aras de su beneficio personal.
Pese a ello, no se ha hablado de medidas de control para reprimir esas actitudes de abuso con el erario por parte de los gobernantes. Aún persiste la forma de dominio por el que gobierna incluso por sobre la ley misma, y desde luego del uso discrecional del recurso público, porque eso en México es lo que da el poder: repartir el varo.
Ante eso que es simple eliminar con la sola aplicación de la ley vigente, se crea la demagoga ley anticorrupción que, para especialistas como el Dr. Eduardo Castrejón es «una ley muy perversa que entre líneas trae cuestiones que ocultan la permisiva de corrupción», y precisa que la nueva ley aún deja en manos del poder Ejecutivo, a través de los órganos de control, la posibilidad de calificar las conductas como graves o no graves a pesar de la investigación: «Esta decisión hace una gran diferencia, lo que no es grave se juzga subjetivamente porque no hay claridad de lo que es grave y no grave. La autoridad podrá enviar los casos graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que no es grave prescribe en 5 años. Es decir, se vuelve a quedar en la esfera del Ejecutivo la posibilidad de juzgar las conductas de los servidores públicos», cuestiona.
O sea que está situación no es distinta de la ley actual y la creación del sistema anticorrupción sólo aumenta el número de leyes, con órganos resolutores, con órganos investigadores, sin embargo va escondida entre líneas la corrupción, pues el Ejecutivo se queda con la rienda de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos.
Si las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción no tienen una verdadera autonomía, no habrá tal combate a ese problema medular del país, y menos en la forma en que está redactada la ley, pues la autonomía de esos organismos es relativa.
Más claro: si el fiscal anticorrupción estará en dependencia del Fiscal General de la República –antes procurador-, pues queda bajo control de políticas superiores, y no podrá haber fiscalización.
Y como esa varias llamadas de petate en éste país demagogo.