Tubo de ensayo / Rene Delios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales reformas en materia de corrupción impulsadas por Javier Duarte en Veracruz, y César Duarte en Chihuahua; sigue pendiente analizar el caso de Roberto Borge en Quintana Roo, pero se espera el mismo final.
Los tres gobernadores priistas que entregan gobierno en meses son investigados por la Auditoría Superior de la Federación.
Ante esto, idearon una serie de reformas en sus gobiernos para blindar su salida, dejando a incondicionales hasta por seis años como responsables de las auditorías internas, con el aval del congreso de sus estados y así lo hicieron.
Pero fueron impugnados incluso por la PGR, como es el caso de Borge.
César Duarte Jáquez, otrora bravucón con sus detractores es ahora accesible; sabe el riesgo que corren en lo futuro; aprovechó su VI y último Informe de Gobierno para pedir perdón y reconocer que cometió errores; eso contrasta con el cómo se comportó ante la prensa, en especial con los corresponsales nacionales en su entidad.
Fueron famosas sus discusiones con el gobernador entrante, Javier Corral Jurado y con su antecesor, José Reyes Baeza, el director del ISSSTE, el cargo que ocupó el ahora gobernador electo de Veracruz, Miguel Angel Yunes, quien acusa de todo al otro Duarte, Javier, en la mira de todos por ser el considerado el peor gobernador del sexenio.
Regresando a Duarte Jarquez, éste ha sido sumamente criticado y era como para que pidiera licencia, pero su «padrino», Emilio Gamboa Patrón, le resolvía cualquier contingencia. Eso terminó.
La Suprema Corte de Justicia lo deja vulnerable, posible huésped de la moderna cárcel que el construyó durante su gobierno, y que mereció el reconocimiento de organizaciones de Estados Unidos, por su seguridad.
Fue Gamboa el que lo llevó a la candidatura al gobierno de Chihuahua, para hacerse el señor feudal al que no le gustó nunca ser criticado y aplicó todo el rigor de su poder político para combatir a sus detractores, y ya ni se diga a los periodistas críticos.
Como el otro Duarte de Veracruz, éste se dijo de todo con el senador Javier Corral Jurado, con quien entró en un tema de dimes y diretes, donde el hoy gobernador electo lo acusaba de asociarse en la fundación de un banco, al que destinaba los recursos del erario estatal y él respondía con señalamientos sobre la familia del senador presos por ilícitos vinculados a la delincuencia organizada.
Así en Veracruz, con Javier Duarte de Ochoa, y el gobernador electo Miguel Angel Yunes: Duarte acusa a Yunes de enriquecimiento inexplicable, de haber saqueado al ISSSTE, de tener nexo con el narcotráfico jarocho, en fin de todo, en tanto Yunes lo señala como saqueador de Veracruz, de que pulverizó los recursos del estado, y que lo endeudó por más de 34 mil millones de pesos aparte de que no entregó la mirad del presupuesto a las dependencias públicas.
El caso más sonado fue el de la Universidad Veracruzana, la cual no es autónoma y depende de la autoridad educativa estatal, pero que de siempre ha sido autónoma sin decreto: para Duarte de Ochoa fue una dependencia a la que privó de dos mil millones de pesos de su presupuesto, dejándola sin investigación, sin cumplir compromisos internacionales y nacionales, comprometió el pasivo de empleados, no paga diez mil millones de pesos a proveedores del gobierno, y se va vilipendiando por su pueblo en medio de una serie de cuestionamientos por ajusticiamientos que comprenden 37 líderes sociales y 17 periodistas aun impunes.
Borges permanece callado.
Es el menos señalado pero no por eso deja de estar evidenciado; es investigado por el gobierno federal priista.
Los Duarte -Jáquez y de Ochoa- y Borge son priistas.
El problema es que a los tres, los sustituyen panistas que no les van a cubrir las espaldas.