Tubo de ensayo / Rene Delios

Tiene sus días en que no pocos periodistas insisten en la necesidad de eliminar el fuero constitucional en Chiapas, esto a raíz de que la diputada María de Jesús Olvera presentó una demanda por daño moral en contra de Silvano Bautista Ibarías, por publicar lo que es verdad, en torno a una acumulación de demandas y no pocas acciones de alto olor a corrupción y tráfico de influencias que ejerce la susodicha desde esa momia del priato como lo es la CTM.
No es la primera vez que el tema del fuero es un planteamiento criticado –las más sin información- no solo por una sociedad desorganizada, sino también por parte de organizaciones políticas incendiarias, que contrario a intelectuales del oficio político, son parte de las hordas de las que hacen uso sus dirigencias en las más de las curules de las cámaras federales.
Porque ni negar que tenemos –no que contamos- con diputados incultos y deleznables en todas las siglas en las máximas tribunas de la nación, que dan más vergüenza que ira, al contar como nación con semejantes ignaros.
La cosa es que la propuesta de «tirar» el fuero no ha prosperado porque sencillamente no es necesario.
Aun con que se dice que sigue siendo utilizado para garantizar impunidad cuando, su origen no fue ese, sino para protección a legisladores críticos, en especial de la oposición naciente en aquel mexicano lejano, en el que el institucionalismo a ultranza era servil vasallo del presidencialismo.
El caso es que el fuero constitucional entra en acción cuando un electo en funciones es requerido por la ley y no se puede proceder ante un legislativo a modo que no aplica el desafuero, y como ejemplo reciente está Javier Duarte, el exgobernador jarocho, quien pidió licencia adelantada –y ahí sí respondió «su» congreso- no para poder quedar a disposición, sino para salir huyendo.
Pero está la otra: Antonio Enrique Tarín, el diputado suplente de Carlos Hermosillo, diputado priista por Chihuahua que murió en un accidente vial. Tarín buscó inmediatamente la suplencia ante la orden de aprehensión en su contra, luego de detectarse irregularidades como director de adquisiciones en el gobierno de César Duarte. Se atrincheró por 19 horas en San Lázaro, exigiendo que el pleno le tomara la protesta pero nada más esta no se dio, y contrario a Veracruz en su momento, la cámara de diputados de San Lázaro no sirvió como eje de impunidad.
También la justicia le negó el amparo a Tarín, hace un par de días, y tendrá que responder ante la ley.
Polémica, la figura jurídica regida por el artículo 61 constitucional también tiene sus ventajas y si acaso amerita precisiones para no permitir la impunidad.
Por eso comparto la posición de aquellos que argumentan que, una cosa es la persecución política y otra las culpas ante la ley y, definida las responsabilidades, corresponde a la procuración o fiscal de justicia emitir lo necesario ante la administración de justicia del nivel que se trate, para que ésta solicite al legislativo correspondiente el desafuero de quien corresponda, y ya quedará en los integrantes de esa tribuna si le otorgan impunidad a un delincuente.
Esa vías es posible ahora, solo que no la aplican como se la aplicaron por ejemplo a la diputada jarocha –ya desaforada-, por lo que es claro que la señora Olvera de Chiapas, goza de completa impunidad.