Tubo de ensayo / Rene Delios

Así, en fast-track, la llamada Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI que preside Fernando Elías Calles, expulsó al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien fue detenido a fines de la semana pasada en Panamá.
Según esto, Borge desprestigió y causó severo daño a la imagen del partido, dijeron para justificar su expulsión.
Flaca justificación.
Un recorrido al listado de ex gobernadores priistas señalados no solo por la PGR sino por sus pueblos gobernados, deja en claro que, es hora de controlar el gasto de éstos señores, no solo del PRI, pues ya hay un panista bajo proceso por desvío o uso presunto de recursos del gobierno que presidió.
Desde hace muchos años ha sido cuestionado eso de que los gobernadores de los estados hacen lo que quieren con los recursos incluso etiquetados; que manipulan el recurso y asignación de obras e incluso declaran realizadas las que no se hicieron, y ha sido una historia recurrente en México, una nación agobiada por la corrupción y muy malos gobernantes.
Desde todos los mercenarios y tribunas se habla de combatir la corrupción, pero la realidad es que no sucede; entidades desfalcadas como Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y en menos grado otras como Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guerrero, Chiapas o Nuevo León, nos envían luces de que es hora de que los gobernantes en los estados del país, sean verdaderamente fiscalizados durante sus funciones, y no después de que dejaron el cargo.
¿De qué sirve expulsar a un ex gobernante de un partido?
Porque en su momento todos los cuadros partidistas de influencia política hicieron lo necesario para nominarlo, y hasta puede ser que haya sido palomeado por el presidente en turno.
Ni al caso eso de expulsar gente: se ven tan hipócritas.
Tanto Borge como los Duarte –Javier y César, éste último aun prófugo- fueron denunciados en su momento: antes aún, desde la administración de Guillermo Padrés, se hizo público la manipulación de recursos incluso al grado de que construyó una presa para su rancho, pisoteándose leyes federales cual cacique.
Y tenemos de todo, incluso sorpresas como Fausto Vallejo –ex gobernador de Michoacán, cuyo gobierno fue infiltrado por la Tuta hasta la cocina- o Angel Aguirre Rivero –primer gobernador del PRD que pide licencia por sus escándalos políticos- que nunca fue llamado a cuentas por el caso Iguala y los 43 de Ayotzinapa.
¿Por qué?
Estos dos gobernadores en su momento dejaron sus cargos en funciones, y no hubo más persecución para ellos, no fue así para los otros, tres en proceso de extradición como Yarrintong –que se va a juicio directo en EU-, Javier Duarte y Roberto Borge, detenidos en Guatemala y Panamá; antes Guillermo Padrés que se entregó, y César Duarte –ex de chihuahua- aún prófugo.
Rodrigo Medina –el ex de Nuevo León- está amparado y faltará ver qué resulta de las entidades que entregarán en breve, como Nayarit, que cambia de partido en el gobierno –del PRI al PAN/PRD-, no así Edomex y Coahuila, en que se mantienen las mismas siglas, salvo Alfredo del Mazo y Miguel Angel Riquelme, encubran los excesos de Eruviel Avila y Rubén Moreira, aun los señalamientos que pudiera hacer la Auditoria Superior de la Federación de sus gobiernos.
De darse igual los expulsan, como a Javier Duarte, Tomás Yarrintong y Roberto Borge.
Qué fallo.