Tubo de ensayo / Rene Delios

No necesitaba acuerparse los hechos la SEP, menos Aurelio Nuño a quien le encanta el protagonismo.
En rechazo unánime a los sucesos de Comitán por parte del magisterio de la CNTE o sus simpatizantes es más de lo mismo: la arbitrariedad, la intolerancia, la prepotencia y la falta de concepción de que, se puede disentir en éste país.
¿Por qué no dentro de su seno?
La cuestión es que en un comunicado, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que cesará de manera «inmediata» a los docentes que hayan estado involucrados en la agresión de seis trabajadores de la educación en el estado de Chiapas.
Eso debe tener un procedimiento, esto es, una demanda ante la autoridad competente y proceder conforme a derecho.
Desde luego que los hechos son condenables, pero la SEP y menos su titular es una autoridad judicial, como para determinar la responsabilidad de los implicados en esos hechos de barbarie en Comitán de Domínguez, donde presuntos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o simpatizantes de la misma, raparon y humillaron a seis supervisores escolares y directores, colgándoles letreros y obligándolos a caminar descalzos por las calles de Balum Canan.
Es de dejar en claro que los supervisores fueron agredidos cuando entregaban las notificaciones legales a los docentes que serán cesados por acumular más de tres faltas a clases, como lo señala la ley de referencia, esto por participar en las movilizaciones de la Coordinadora en contra de la evaluación docente y la reforma educativa, riesgo corrido a sabiendas de que iban a ser sujetos a arbitrio alguno.
Lo que se llama riesgo medido: sucedió.
La cuestión es que el comunicado señala que «Por instrucciones del secretario Aurelio Nuño, la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control de la SEP coadyuvarán con la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas a fin de que se finquen las responsabilidades penales conducentes, para que los autores de dichas agresiones sean llevados ante los tribunales competentes».
Esto porque «De conformidad con lo que dispone la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, se iniciarán las acciones en contra de los agresores a fin de que sean dados inmediatamente de baja del servicio público educativo».
Esperemos que los agredidos presenten denuncia, para que se refrende el procedimiento y esas peloneadas infames y humillaciones por disentir, no sucedan más.
Ahora resulta que no se puede ser disidencia en la disidencia.
Bonita cosa, que da para más en torno al cómo está el criterio de los militantes en torno a los derechos de terceros porque si atacan así a sus propios compañeros, que les puede interesar los infantes afectados en ésta vorágine sin rumbo.