Los museos deben servir como espacios de exhibición, conservación e investigación del patrimonio material e inmaterial de las sociedades. No deben ser lugares en donde se acumulen objetos sin orden, sino unos que respondan a una finalidad para que quienes lo visiten puedan tener experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos, retomando la definición que sobre estas instituciones se aprobó en agosto pasado en la Asamblea General Extraordinaria del Consejo Internacional de Museos.
En fechas recientes, en nuestro país, el tema de los museos volvió a ocupar la discusión pública, no porque en México existan 1,046 y más de la mitad sean gratuitos o 16.4 millones de personas los hayan visitado el año pasado, de acuerdo con la Estadística de Museos 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La razón fue porque se pretende crear uno más. Nada tendría de extraño e incluso debería ser objeto de celebración, pero lo que exhibiría y el lugar detienen el ánimo festivo.
El alcalde de Badiraguato, Sinaloa, municipio conocido mundialmente por ser el lugar de nacimiento de Joaquín Guzmán Loera, uno de los narcotraficantes más relevantes de este tiempo, condenado a cadena perpetua más 30 años por un juez federal en Estados Unidos, propuso la construcción de un museo dedicado al narco. Sí, al crimen organizado. Su costo: 15 millones de pesos, pero la resolución final estará en manos de la población, ya que se convocará a una consulta pública.
La historia del narcotráfico en México es de larga data, así se ha documentado en libros académicos y de divulgación. Hay series que, mezclando realidad y ficción, tienen como protagonistas a personas vinculadas con ese delito, en fin, qué decir de la música: los narco-corridos son ya un género propio y se puede presumir qué capo o qué cartel financia a los grupos con escuchar las letras. No se necesita un lugar para “reconocer la historia”, como dijera José Paz López, presidente municipal de Badiraguato.
Hay canciones, series, películas, disfraces (a propósito del Día de Muertos), ropas y conductas, incluso cirugías estéticas, vinculadas a esta dimensión del crimen. No se necesita más. Lo que sí se requiere es la aplicación del Estado de Derecho para que la ciudadanía salga a la calle con libertad.
Si la propuesta del alcalde es seria, es decir, si realmente cree que eso tendrá un objetivo benéfico para su municipio, Sinaloa o el país, me hace pensar que no advierte cuál es la circunstancia de violencia que hay en el territorio nacional y que no dimensiona los impactos del trasiego de droga (desde hace tiempo no sólo marihuana o cocaína) en las sociedades. Si sólo fue una declaración para llamar la atención para colocarse en la agenda y que empezara a “sonar” para darle continuidad a su carrera política (ambición progresiva, se le dirá en la ciencia política o racionalidad con arreglo a fines, le llamarán los weberianos), ¡vaya manera!
En Sinaloa ya existe la capilla a Jesús Malverde, que es visitada por propios y extraños. Lo cierto es que tampoco se está ante un tema nuevo: existe el narcoturismo. Polémico, por supuesto.
La idea de crear el museo –innecesario, desde mi perspectiva– debe incentivar la reflexión para pensar hasta dónde el narcotráfico está presente en la cotidianidad y en cuántas capas de nuestro ser ha penetrado.
