El colectivo de organismos de la sociedad civil e integrantes de la Misión Civil de Observación de la Zona Altos rechazaron al comisionado especial designado por el Ejecutivo estatal, Fortino Vázquez Pérez, así que pidieron su retiro inmediato pues su designación se trata de una imposición unilateral que viola los derechos de las comunidades
Portavoz Staff
[dropcap]L[/dropcap]a acción de grupos armados y las violaciones a derechos humanos siguen en la región que comprende los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó sin que nadie impida que así sea, lo que denota la inacción de las autoridades gubernamentales. Sin embargo, entre las más de cinco mil personas desplazadas hay quienes decidieron regresar de manera parcial a sus comunidades.
Esa fue la apreciación del vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Gonzalo Ituarte, respecto a la manera en que el gobierno del estado ha tratado el conflicto que ocasionó el desplazamiento de más de 5 mil personas.
Entrevistado en el programa de Aristegui Noticias, expresó que el gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco, del PVEM, «no estuvo a la altura», así que, ante su poca capacidad para solucionar los problemas entre las comunidades, los desplazados de Chalchihuitán retornarían a lo que quedó de sus casas, aun cuando los disparos persisten.
«No se ve que se esté impidiendo la acción de grupos armados, las violaciones a derechos humanos; estamos en una situación en la que no se percibe que se vaya a castigar», declaró.
Asimismo, Ituarte aseguró que los grupos armados son protegidos y se les proporciona recursos para su operación; no obstante, se desconoce qué figura está detrás de ellos, por lo que exigió a las autoridades realizar una exhaustiva investigación que se traduzca en una solución efectiva de la problemática.
Acerca de que la situación ya está bajo control y que sólo dos personas murieron a raíz del conflicto, tal como lo afirmó el comisionado Especial para Chalchihuitán y Chenalhó, Fortino Vázquez Pérez, el vicario consideró que fue «una declaración desafortunada» puesto que la evidencia que ha documentado el padre Marcelo Pérez da cuenta del deceso de 11 personas.
Por su parte, el ayuntamiento de Chalchihuitán emitió un comunicado en el que responsabilizaba al gobierno estatal de cualquier incidente que pudiera ocurrir, ante el regreso de los desplazados a su pueblo.
Se lee en la misiva: «El gobierno del estado, con las instituciones de justicia y seguridad, tendrán que cumplir eficazmente su obligación de garantizar la seguridad de la población en la zona de conflicto, puesto que no existen totalmente mejorías y condiciones de seguridad, pero, ante la necesidad de labrar sus tierras y atender sus cultivos, harán un retorno parcial el día 02 de enero de 7:00 am a 9:00 am, pero responsabilizamos al gobierno del estado de cualquier incidente y hecho lamentable que atente contra la integridad física de los habitantes, ya que prevalecen aún los disparos en ciertos puntos de la zona limítrofe y si no hay castigo y desarme para las personas que provocaron muchos daños irreparables a Chalchihuitán, quedará en el olvido como el caso Acteal en 1997».
Exigencia de organismos
Ayer mismo trascendió que el Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil e integrantes de la Misión Civil de Observación de la Zona Altos, exigieron el reconocimiento por parte de los gobiernos federal y de Chiapas, del estatus legal de desplazamiento forzado interno de las familias que dejaron sus comunidades a causa de la violencia paramilitar en la región Chalchihuitán-Chenalhó.
De ser así, el reconocimiento permitiría la aplicación inmediata de la Declaración de los Principios Rectores de Desplazamiento Interno de la Organización de las Naciones Unidas; y de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.
También exigieron la desarticulación, desarme y castigo de los grupos civiles armados de corte paramilitar. Según información de La Jornada, los líderes materiales e intelectuales han sido claramente identificados y señalados tanto por autoridades, comisionados, como por comuneros de Chalchihuitán.
Debido a la presencia de los paramilitares, apremiaron a que se garantice el libre tránsito, así como el abasto de productos básicos y medicinas en toda la zona, además de pedir seguridad plena para los derechos humanos de los habitantes.
Además, rechazaron al comisionado especial designado por el Ejecutivo estatal, Fortino Vázquez Pérez, así que pidieron su retiro inmediato pues su designación se trata de una imposición unilateral que viola los derechos de las comunidades involucradas a la consulta libre previa e informada.
Otra exigencia fue que se faciliten condiciones para que el problema de fondo (territorial y agrario) se resuelva a través de un diálogo político realizado desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos bienes comunales, recuperando su memoria histórica como pueblos, con observación de organizaciones de la sociedad civil.
