Violencia y derecho a saber
No se mata la verdad matando periodistas
Si recordamos que durante los periodos electorales y de transición política tiende a aumentar la violencia política y criminal, por agresiones para obstaculizar o eliminar candidaturas y por reacomodo de grupos de poder, la intensidad de la violencia actual contra quienes ejercen el periodismo o defienden derechos humanos y territorios, así como los brutales actos criminales contra agentes del Estado y población civil que han sucedido en las últimas semanas, son señales de alerta que deberían movernos a exigir una acción decidida del gobierno contra la impunidad, además de un giro en su estrategia de seguridad, que dé prioridad a la prevención y a la protección y atención integral de las víctimas.
Aunque el empecinamiento del gobierno es una supuesta estrategia de “abrazos y no balazos” o de “atención a las raíces de la violencia” mediante el asistencialismo no pemite esperar demasiado en este último tramo del sexenio, es necesario insistir en que la crudeza e impunidad de la violencia que vivimos no es aceptable y no puede seguir normalizándose como si fuera parte de un paisaje remoto y no afectara la convivencia social de todos.
No es normal ni tolerable que en este año hayan sido asesinados siete periodistas en diversos estados. No es normal que se asesine impunemente a investigadores y defensores del agua o del territorio. No es normal que se ataque a policías y funcionarios públicos, como sucedió recientemente en Chiapas y Jalisco.
No es aceptable que la respuesta sea algún tipo de negociación con criminales o la decisión de cesar las búsquedas de desaparecidos, afectando el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos con el apoyo del Estado (de por sí omiso). Tampoco es normal que las mujeres asesinadas, los hombres y niños aniquilados y las personas desaparecidas se conviertan en cifras que, además, se manipulan o subregistran para esconder la dimensión del problema.
Al minimizar, ignorar o pretender ocultar masacres, actos de corte terrorista, muertes violentas y desapariciones, el Estado viola los derechos humanos elementales de las víctimas y sus familias y envía un mensaje de indeferencia a toda la sociedad: esas muertes no importan, la violencia se puede seguir “administrando” mientras la población aguante.
Quienes protestan y denuncian, como los zapatistas que advierten la gravedad de los conflictos por tierras y territorios en Chiapas, son descalificados, o, como las madres buscadoras, estigmatizadas y aún más marginadas.
En este contexto, el asesinato de periodistas es una de las señales más graves de la crisis de derechos humanos que padecemos desde hace tres lustros, no porque unas vidas sean más valiosas que otras, sino porque la indiferencia gubernamental ante estos crímenes y la impunidad que los caracteriza atenta contra la vida y seguridad de quienes se dedican a investigar, reportar e informar, mina la libertad de expresión y opinión y coarta nuestro derecho a la información, fundamental para entender las realidades que se viven en este país desigual y conflictivo.
Ninguna profesión puede idealizarse; ninguna profesión debe tampoco estimatizarse. Quienes ejercen el periodismo de investigación y crítico, quienes se arriesgan por informar, en condiciones precarias y zonas peligrosas, merecen cuando menos el respeto del gobierno.
La andanada de ataques contra periodistas y medios específicos desde el discurso oficial ha agravado la escalada de muertes y amenazas de todo tipo que viven hombres y mujeres periodistas (como han documentado Artículo 19 y CIMAC), mientras se reducen los recursos para el sistema de protección (ya deficiente) y en muchos estados la indiferencia gubernamental raya en la permisividad, cuando no en la complicidad.
De ese periodismo investigativo y crítico depende nuestra capacidad de saber en qué país vivimos, de entender los impactos de la violencia, la corrupción y los daños al medio ambiente, a la salud y a la vida comunitaria, que el gobierno oculta. Permanecer también indiferentes ante amenazas y asesinatos contra quienes buscan documentar los hechos y sus consecuencias es resignarse a la ignorancia y a la pasividad, ceder nuestro derecho a saber a favor del monólogo del poder, político y criminal, cuando urge reconocer y frenar la degradación de la vida política y social.
