Ya parenle a la violencia en Pueblo Nuevo

Activistas de derechos humanos manifestaron su preocupación por las condiciones que prevalecen; piden al gobierno del estado acciones efectivas

Eleazar Domínguez Torres

[dropcap]I[/dropcap]ntegrantes de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos (LIMEDH), así como filiales de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), de la región Chiapas-Tabasco, urgieron al gobierno del estado frenar la escalada de violencia que priva en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, toda vez que si bien es cierto el edil perredista que estaba envuelto en hechos delictivos fue desaforado y procesado aún hay temor de que sus seguidores, los cuales se sabe se encuentran armados, podrían generar hechos delictivos en contra de la población civil y de los propios defensores de derechos humanos, dijo aquí Fray Blas Alvarado Jiménez.
Alvarado Jiménez refirió: «los principales problemas que hemos estado viviendo, primeramente es que es una región abandonada por el gobierno en sus diferentes necesidades y todo se intenta manejar a veces políticamente, hay necesidades graves como es el agua, la seguridad, las vías de comunicación, otro problema constante es el abuso constante de los impartidores de justicia, donde la corrupción y la extorsión son constantes por parte de los ministerios públicos, los policías municipales, agentes ministeriales y de la sectorial y el abuso constante a los hermanos migrantes por parte de autoridades estatales como la sectorial y la ministerial del estado».
Asimismo, dijo que en la región norte del estado existe un abuso contante de los programas sociales para beneficios políticos: «todo se está manejando políticamente desde el Prospera hasta las canastitas que están regalando diferentes partidos y desde luego el atropello constante que se hace con hermanos indígenas de Rincón Chamula y la constante impunidad con la que se cometen delitos graves como el homicidio, incluso algunos en donde intervienen autoridades municipales».
Denunció que otro problema grave es la constante amenaza que autoridades vierten sobre defensores de los organismos de derechos humanos no gubernamentales, periodistas y hasta organizaciones sociales con la finalidad de continuar con sus fechorías.
(Con información de muralchiapas.com)

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