La aprobación de la reforma a los artículos cuatro y 27 permite que los programas sociales no dependan de la voluntad del titular del Ejecutivo, sino que se consoliden como derechos constitucionales de todos los mexicanos, celebró la presidenta
Aquínoticias Staff
La aprobación de la reforma a los artículos cuatro y 27 de la Constitución, que convierte en derechos los Programas para el Bienestar, representa un momento histórico en el camino hacia una mayor protección social en México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este avance, recordando que la propuesta fue presentada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, con el objetivo de asegurar el acceso a programas fundamentales como la pensión para adultos mayores, las becas para jóvenes, el programa Sembrando Vida, el apoyo a personas con discapacidad y otros programas sociales. Esta reforma permite que dichos programas no dependan de la voluntad del titular del Ejecutivo, sino que se consoliden como derechos constitucionales de todos los mexicanos.
Para la mandataria, esta reforma es un paso clave en la consolidación de la Cuarta Transformación (4T) y responde a la necesidad de combatir las desigualdades estructurales que han afectado históricamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sheinbaum enfatizó que, con esta modificación, cualquier presidente o presidenta que suceda en el cargo deberá cumplir con estos derechos, estableciendo un compromiso institucional que trasciende administraciones y reafirma la filosofía de justicia social que persigue su gobierno. Al contrastar la visión de la 4T con el modelo neoliberal, señaló que mientras el neoliberalismo convierte los derechos en privilegios, el modelo de la 4T busca garantizar el bienestar como un derecho inherente al pueblo de México.
En este contexto, destacó que el Partido Acción Nacional (PAN) votó en contra de la reforma, lo cual, a su juicio, refleja una oposición a la visión de justicia social y a la consolidación de estos beneficios como derechos inamovibles. Esta postura de los partidos contrarios marca un claro contraste con el modelo de Humanismo Mexicano defendido por la administración de Sheinbaum, que busca desarrollar un modelo de bienestar propio, adaptado a las necesidades del país y orientado a proteger a los más necesitados. La presidenta fue enfática en señalar que, en adelante, esta reforma impedirá que se manipulen o modifiquen estos programas para fines distintos a los de proteger y apoyar al pueblo.
Además, se subrayó que el registro para la nueva Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, está en proceso, con un objetivo de un millón de beneficiarias. A esto se suma la implementación de la beca universal “Rita Cetina Gutiérrez” para estudiantes de secundaria y el programa de Salud Casa por Casa, que tiene la finalidad de evaluar la situación de adultos mayores y personas con discapacidad para ofrecer una atención integral y oportuna. Sheinbaum desmintió rumores de que estos censos buscan quitar propiedades, asegurando que solo tienen el objetivo de identificar las necesidades de salud y condiciones de vida de estos sectores.
La reforma también garantiza que el programa Sembrando Vida, que beneficia a campesinos, y la entrega de fertilizantes gratuitos y precios de garantía para productos agrícolas se mantendrán como derechos asegurados por la Constitución. Estos cambios buscan proporcionar estabilidad a pequeños productores y campesinos, ayudándoles a mejorar sus condiciones de vida y contribuyendo al desarrollo rural del país. Este esquema no solo apoya económicamente a los beneficiarios, sino que también permite un control estatal de los precios de productos básicos, evitando que estos sectores se vean afectados por fluctuaciones económicas.
Desde una valoración política y social, la reforma se configura como un avance significativo en el reconocimiento de los derechos sociales en México, sobre todo al formalizar programas que históricamente se habían implementado de manera discrecional. Esta medida establece un sistema de protección social que, de consolidarse adecuadamente, tendrá un impacto trascendental en la vida de millones de personas. Sin embargo, la aprobación de esta reforma también revela las divisiones políticas en torno a las políticas de bienestar, entre quienes buscan proteger estos derechos y quienes optan por enfoques distintos. Este hecho convierte a la reforma en un reflejo de la polarización actual en el país, que solo el tiempo y su implementación podrán dirimir.