Por Claudia Corichi
Este año, nuestro país ha presentado un proceso inflacionario mayor al estimado de 3% derivado de distintos factores. Uno es el relacionado al incremento de los combustibles por la guerra, la cual no ha sido contenida parcialmente por el Banco de México al disminuir tasa de interés a 6.50% el 8 de mayo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación general anual fue de 4.45%. Sin embargo, los incrementos de las líneas de pobreza en el ámbito rural y urbano fueron de 8.3%, simultáneamente, se ha registrado un encarecimiento de los costos de los productos que forman parte de la canasta básica y una reducción del poder adquisitivo.
También INEGI reportó que se requirieron 4 mil 954 pesos en las ciudades y 3 mil 572 pesos en el campo mexicano para poder acceder a la canasta alimentaria y de bienes y servicios en el mes de abril. Los productos que más incrementos ha tenido son el jitomate, con un costo por kilogramo de 61, el chile con 89 y la papa con 40.
Es preciso señalar, que hay productos como el frijol en grano que registró un precio de 31.74 en el ámbito rural y de 33.40 en el ámbito urbano. Estos precios no son tan altos comparativamente con los que mayores incrementos registraron el pasado mes.
Las y los productores del frijol enfrentan actualmente una situación compleja tras la modificación publicada en el DOF, mediante la cual, el precio de garantía por tonelada se redujo de 27 mil a 16 mil pesos. Esta medida impacta directamente a quienes, con su trabajo y esfuerzo, han contribuido a fortalecer la autosuficiencia alimentaria del país, siendo Zacatecas, el principal estado productor, con una cosecha cercana a las 400 mil toneladas de esta leguminosa. Las protestas estatales han ido escalando y abren un frente en una entidad predominantemente rural que requiere respeto y diálogo.
Por ello, la importancia de que las cadenas de producción, suministro y consumo deban estar articuladas para, por un lado, beneficiar a las personas consumidoras, pero también a quien desde su ámbito de producción contribuyen a que nuestro país sea autosuficiente.
Una preocupación legítima ante los incrementos de la canasta alimentaria es que cada vez le costará más trabajo a la población adquirirla y su repercusión en la pobreza alimentaria que es un problema social que las políticas públicas deben enfocarse en resolver. La UNICEF señala que cuando las infancias presentan pobreza alimentaria, es decir, cuando se da una ingesta insuficiente de nutrientes esenciales a través de la dieta puede causar los daños más graves para la supervivencia infantil, el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo, lo que atrapa a las niñas y niños y así como a sus familias en un ciclo de pobreza y falta de acceso a mejores oportunidades.
Atender el encarecimiento de la canasta básica no sólo implica estabilidad económica, sino también garantizar el derecho de las familias consumidoras y productoras del campo a una vida digna.
