Por Jhenyfeer Farrera
Junio de 2026 quedará marcado por una dolorosa paradoja. Mientras Chiapas conmemoraba el Día Estatal de la Mujer, la entidad sumaba nuevos feminicidios. Primero una mujer extranjera sin identificar fue localizada sin vida en Zinacantán; horas después, Brenda del Carmen, una mujer de 39 años y madre de familia, fue asesinada en Tonalá. Con estos casos, organizaciones feministas documentaron al menos 20 feminicidios en lo que va del año. La cifra sigue creciendo, mientras la indignación social parece avanzar más lentamente que la violencia misma.
La pregunta ya no es si existe una crisis.
La pregunta es por qué, después de décadas de exigencias, reformas legales, protocolos, fiscalías especializadas y una Alerta de Violencia de Género vigente desde hace casi diez años, las mujeres continúan siendo asesinadas en Chiapas.
La violencia feminicida no nació ayer
Para entender el presente es necesario mirar hacia atrás.
El feminicidio en Chiapas no es un fenómeno reciente. Es la expresión extrema de una estructura histórica de desigualdad donde convergen el machismo, la pobreza, el racismo, la exclusión territorial y la falta de acceso efectivo a la justicia.
En una entidad donde más de una cuarta parte de la población es indígena, las mujeres han enfrentado durante generaciones múltiples formas de violencia: matrimonios forzados, violencia comunitaria, violencia doméstica, trata de personas, exclusión educativa y barreras institucionales derivadas de la lengua y la discriminación.
Las regiones Altos, Norte, Selva y Frontera han concentrado durante años denuncias relacionadas con violencia contra las mujeres, desapariciones y asesinatos violentos que muchas veces ni siquiera fueron investigados inicialmente como feminicidios.
Por ello, en 2013 organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y colectivas iniciaron formalmente la exigencia para que se declarara una Alerta de Violencia de Género en Chiapas. Después de tres años de presión social, en noviembre de 2016 la federación emitió la declaratoria para siete municipios: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá, Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas y Villaflores, además de medidas especiales para la región Altos.
Aquella decisión fue presentada como un parteaguas.
Muchas mujeres pensaron que algo comenzaría a cambiar.
Diez años después: la alerta no logró contener la violencia
La realidad ha sido mucho más compleja.
Desde los primeros años posteriores a la declaratoria, académicas y organizaciones documentaron que la violencia feminicida persistía e incluso se desplazaba hacia municipios que no estaban contemplados dentro de la alerta. Estudios especializados señalaron que la implementación de las medidas fue desigual y que los resultados estaban lejos de los objetivos planteados.
La crítica feminista ha sido constante: una alerta sin presupuesto suficiente, sin evaluación permanente y sin voluntad política termina convirtiéndose en un documento administrativo más.
La deuda histórica del Estado no consiste únicamente en investigar los feminicidios cuando ya ocurrieron.
Consiste en no haber construido condiciones para prevenirlos. Porque ninguna mujer debería necesitar una carpeta de investigación para que el Estado reconozca su existencia.
2026: el año que encendió nuevamente las alarmas
Los datos recientes son particularmente preocupantes.
La Fiscalía General del Estado reportó siete feminicidios durante enero y febrero de 2026, frente a tres registrados en el mismo periodo del año anterior. Esto representa un incremento de 133 %. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocó a Chiapas entre las entidades con mayor incidencia de feminicidio durante el primer trimestre del año.
Durante marzo, organizaciones civiles identificaron el mes más violento de los últimos años para las mujeres chiapanecas, acumulando varios asesinatos en distintos municipios del estado.
A ello se sumó uno de los casos más dolorosos de este año: el feminicidio de Alexa, una niña de apenas tres años asesinada en Tila tras haber sido reportada como desaparecida. Su caso conmocionó a Chiapas entero y evidenció que la violencia feminicida alcanza incluso a las infancias.
Posteriormente vinieron los casos de Aldama, Tapachula, Zinacantán y Tonalá.
Cada uno distinto.
Cada uno brutal.
Cada uno recordándonos que las víctimas tienen nombre, familia, historia y sueños.
Entre las cifras oficiales y la realidad
Existe además otro problema.
Las cifras no siempre coinciden.
Mientras las instituciones reportan los casos que son investigados formalmente como feminicidios, observatorios ciudadanos y organizaciones feministas suelen documentar un número mayor de muertes violentas de mujeres.
La diferencia responde a una vieja discusión en México: no toda muerte violenta de una mujer es clasificada inicialmente como feminicidio, aun cuando existan elementos para investigarla bajo esa perspectiva.
Por ello, las colectivas han insistido durante años en que los números oficiales podrían representar únicamente una parte del problema.
Y cuando las estadísticas son menores que la realidad, el riesgo es enorme.
Porque lo que no se nombra tampoco se atiende.
Una deuda que también es intercultural
Hablar de feminicidio en Chiapas exige reconocer una dimensión frecuentemente olvidada: la interculturalidad.
Las mujeres indígenas enfrentan obstáculos adicionales para denunciar violencia, acceder a traductores, comprender procedimientos judiciales o recibir acompañamiento institucional.
El caso de Petrona, mujer tseltal procesada tras la muerte de su esposo en un contexto presuntamente vinculado a violencia familiar, y el caso de Alexa, cuyos padres enfrentaron barreras lingüísticas durante las primeras horas de búsqueda, evidenciaron nuevamente la fragilidad institucional frente a las mujeres indígenas.
La violencia feminicida en Chiapas tiene también un rostro indígena.
Y combatirla implica reconocer las desigualdades históricas que atraviesan territorio, lengua, clase social y pertenencia étnica.
Las leyes avanzan; la realidad no al mismo ritmo
Paradójicamente, México vive uno de los periodos de mayor desarrollo normativo en materia de derechos de las mujeres.
Este mismo año, el Gobierno Federal impulsó reformas para homologar el delito de feminicidio en todo el país, fortalecer los mecanismos de investigación y garantizar estándares comunes de atención.
Sobre el papel, el marco jurídico es cada vez más robusto. Sin embargo, la experiencia demuestra que las leyes, por sí solas, no salvan vidas.
La distancia entre la norma y la realidad continúa siendo enorme.
La verdadera prueba de una política pública no es cuántos protocolos existen, sino cuántas mujeres regresan seguras a casa.
Quizá el mayor riesgo que enfrenta Chiapas hoy no sea únicamente el aumento de los feminicidios.
Quizá el mayor peligro sea la normalización.
La repetición constante de los casos corre el riesgo de convertir la tragedia en rutina.
Cada asesinato genera indignación durante unos días.
Después llega otro.
Y luego otro más.
Hasta que los nombres comienzan a desaparecer detrás de las estadísticas.
Sin embargo, Brenda del Carmen no era una cifra.
Alexa no era una cifra.
La mujer extranjera hallada en Zinacantán no era una cifra.
Ninguna de ellas nació para convertirse en un número dentro de un informe.
La violencia feminicida es el termómetro más doloroso de una sociedad.
Cuando aumenta, revela fallas profundas en las instituciones, en la educación, en la justicia y en la capacidad colectiva para reconocer la dignidad de las mujeres.
La deuda histórica de Chiapas con las mujeres no comenzó en 2026 ni terminará con una detención más.
Es una deuda construida durante décadas de omisiones, desigualdades y respuestas insuficientes.
Y mientras sigamos contando feminicidios más rápido de lo que construimos soluciones, la alerta seguirá siendo eso: una alerta permanente sobre un problema que aún no hemos sido capaces de resolver.
Porque la pregunta de fondo no es cuántas mujeres han sido asesinadas.
La pregunta es cuántas más tendrán que morir para que la vida de las mujeres sea, verdaderamente, una prioridad de Estado.
