La Cámara de Diputados aprobó en lo general mover de 2027 a 2028 la siguiente elección judicial; el dictamen plantea nuevos mecanismos de evaluación, mientras la oposición acusa que el cambio no resuelve los riesgos de politización
AquíNoticias Staff
La reforma judicial entró en una nueva fase de tensión política. Con el voto de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma constitucional para aplazar de 2027 a 2028 la siguiente elección judicial federal y local, además de establecer que la revocación de mandato presidencial pueda realizarse de manera concurrente con procesos electorales federales o estatales.
El dictamen fue avalado con 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, después de un debate de más de cuatro horas marcado por acusaciones, pancartas y consignas de legisladores opositores, entre ellas “Corte patito”, “Voto en contra de los acordeones” y “No más ministros chicharrón”.
El punto central es el calendario. La elección judicial prevista para 2027 pasaría al primer domingo de junio de 2028, bajo el argumento de evitar una carga electoral excesiva. En 2027 estarán en juego 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales en 31 entidades y ayuntamientos en 30 estados; además, se tenía prevista la renovación de cargos judiciales federales y locales, entre ellos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, magistraturas de circuito y juzgados de distrito.
El oficialismo sostiene que el aplazamiento busca corregir problemas operativos del nuevo modelo judicial. La Comisión de Puntos Constitucionales argumentó que el Instituto Nacional Electoral identificó “complejidades de carácter normativo, operativo, logístico, tecnológico y presupuestal” por la concurrencia de esos procesos.
Pero el cambio no es sólo de fecha. El dictamen plantea una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de cada Poder, con la tarea de homologar criterios, verificar requisitos constitucionales y aplicar metodologías y exámenes de conocimiento a quienes aspiren a cargos judiciales.
También se propone que los comités de evaluación seleccionen a las cuatro personas mejor calificadas para cada cargo y que después se realice una insaculación pública para reducir las candidaturas a dos por puesto o especialidad, con garantía de paridad de género. En la lectura política del oficialismo, la promesa es evitar perfiles improvisados; en el lenguaje de la discusión pública, impedir que lleguen “jueces patito”.
El diputado morenista Leonel Godoy Rangel defendió que la propuesta busca “no solo cambiar la fecha”, sino “mejorar la calidad” de quienes competirán en la elección judicial de 2028. También afirmó que no todos llegarán “a la tómbola”, sino quienes sean resueltos previamente por los comités de evaluación.
La oposición votó en contra y sostuvo que el aplazamiento no corrige el problema de fondo. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron que el modelo mantiene riesgos de politización, conserva la insaculación y abre la puerta a candidaturas judiciales controvertidas.
La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá afirmó que con la reforma judicial de 2024 “se politizó al poder que no debe ser representante de nadie”. Por su parte, la emecista Claudia Ruiz Massieu advirtió que aplazar la elección “deja intactas las insuficiencias de fondo” y señaló que la nominación seguirá siendo un proceso político, no meritocrático.
El coordinador priista Rubén Moreira cuestionó además el posible empate entre revocación de mandato y elección judicial. Desde tribuna, criticó el uso de “acordeones” y sostuvo: “Jueces a modo y no se evita el uso del acordeón”.
El debate revela una tensión mayor. Morena busca ajustar la reforma judicial sin renunciar a su eje central: que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. La oposición, en cambio, sostiene que el problema no está sólo en la organización de la elección, sino en el riesgo de convertir la justicia en una extensión de la competencia política.
Hasta este corte, la reforma sólo fue aprobada en lo general. Queda pendiente la discusión en lo particular y, por tratarse de una reforma constitucional, aún deberá completar su ruta legislativa antes de considerarse aprobada de manera definitiva.
La pregunta pública queda abierta: si el país va a elegir jueces por voto popular, ¿los nuevos filtros alcanzarán para garantizar preparación, independencia y legitimidad, o sólo moverán a 2028 una discusión que todavía no termina de resolverse?
