En la Mira / Hector Estrada

Albores Gleason; la sombra detrás de María Olvera

Con más de 10 averiguaciones previas por diversos delitos ante la Procuraduría General de la República de 2015 a la fecha, la diputación local de la cetemista María de Jesús Olvera Mejía se ha convertido en un escudo de impunidad para infringir la ley y evitar hacer frente a la justicia, mientras consuma las diversas encomiendas de desestabilización social y presión política dictadas desde sitios como el Senado de la República y Orlando, Florida.
El arribo de Olvera Mejía al Congreso de Chiapas tuvo desde el comienzo intereses que van más allá del trabajo legislativo. Desde su inscripción a la candidatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzaron las irregularidades en el registro. Se había denunciado ya que contaba con dos actas de nacimiento (una de Tula, Hidalgo, y otra de Raudales, Chiapas) que debieron haber sido investigadas por las autoridades electorales locales. Pero la acusación ha sido prácticamente ignorada.
Además de las denuncias por falsificación de documentos oficiales interpuesta hace un año, a María Olvera se le ha acusado de motín, despojo, actos vandálicos, robo con violencia, asociación delictuosa, falsificación de firmas, privación ilegal de la libertad y amenazas, entre otros tantos expedientes que permanecen sin efectos debido a la inmunidad que hoy le otorga el fuero constitucional y la protección desmedida de quienes «desde las sombras» se benefician de manera directa con las acciones de la autodenominada líder de la CTM en Chiapas.
Sin embargo, para comprender mejor el halo e impunidad y excesos que hoy rodean a la diputada priista es importante traer a colación su estrecha vinculación con el ex gobernador Juan Sabines Guerrero y actual senador Roberto Albores Gleason. La relación con ambos ha sido desde hace años del dominio público. Durante el «gobierno sabinista» el poderío de Olvera Mejía fue catapultado en su región de control, para luego ser detenida (en 2009) durante uno de los desencuentros más sonados con el ex mandatario estatal.
Los vínculos políticos con Albores Gleason han sido expuestos públicamente por ella misma. La relación operativa con su «cuaderno de doble o triple raya» es más que conocida. A través del control que ejerce sobre la fracción de la CTM bajo su liderazgo se ha encargado de operar políticamente para el aspirante al gobierno de Chiapas, colaborando de manera cercana con las estructuras electorales que se han formado desde hace más de cuatro años en aquella región zoque de la entidad chiapaneca.
Por eso no resultó tan sorpresiva que desde la dirigencia del PRI chiapaneca se le otorgara tan cómodamente la candidatura a la diputación local; aún con los riesgos que implicaba la supuesta existencia de dos actas de nacimiento, como clara violación a la legislación electoral federal. Además de los tantos antecedentes que la involucran de manera directa en innumerables denuncias, averiguaciones previas y actos de violencia extrema ampliamente documentados por pobladores y medios de comunicación.
Y es que, los métodos con los que María Olvera opera son ya muy conocidos. Desde la dirigencia de la CTM y ahora desde la diputación misma se encarga de movilizar a grupos violentos para realizar la toma de instalaciones, obras y vías de comunicación a fin de extorsionar a los gobiernos para obtener beneficios políticos. El caso más reciente es el referente a megaproyecto Chicoasén II, que tras meses de bloqueos y enfrentamientos a instrucción de Olvera Mejía terminó finalmente siendo suspendido.
Esa es la principal encomienda que ahora parece enfilar las acciones de la controversial diputada local: generar desestabilización y conflictos para luego convertirlos en elementos de negociación política. Viejos métodos efectivos que ya tantas tajadas provechosas han generado para la causa priista, que ella defiende de manera férrea. Finalmente, Olvera Mejía es sólo un instrumento ahora bajo el ojo del huracán que tiene detrás intereses mayores que al final de cuentas son y serán los principales beneficiaros del caso. No de a gratis tanta protección e impunidad a la legisladora… así las cosas.

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