¿Por qué ha fracasado el combate a los feminicidios en Chiapas?
Perseguir asesinos y contabilizar cuerpos, sin medidas efectivas para evitar que las maten, se ha convertido en una estrategia fallida contra los femicidios en entidades como Chiapas, donde las mujeres siguen siendo intimidadas, violentadas y asesinadas, a pesar de condenas endurecidas y nuevas leyes de atención reactiva a un fenómeno criminal que, evidentemente, no parece intimidarse con nada.
Durante los últimos años, las dolorosas cifras de feminicidios han mostrado comportamientos que no han reaccionado positivamente a las estrategias de respuesta gubernamental. Y es que, ¿cómo explicar que en 2025 el índice de homicidios dolosos en la entidad haya logrado una disminución de 58%, pero la tendencia de feminicidios se haya mantenido?
De acuerdo a expertos como Patricia Olamendi, experta en derechos humanos y autora del libro “Feminicidio en México”, el error se centra en la aplicación de estrategias “miopes o superficiales” que ven al problema como un simple asunto de procuración de justicia, enfocando los esfuerzos a la atención de asesinatos, en lugar de establecer medidas más complejas para intentar evitar que sucedan.
Y es que, el fracaso que ha conllevado el sólo incremento de los años de prisión para violentadores y feminicidas en los códigos penales NO es nada nuevo. Desde la década pasada el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hizo público un análisis que demostraba que, en los estados con sanciones penales más altas, la incidencia no sólo se había mantenido, sino también incrementado de manera sustancial.
En ese entonces, datos del INEGI arrojaron que de 2015 a 2018, periodo en el que se habían modificado varios códigos penales estatales para agravar las penas de feminicidio, la cifra de mujeres asesinadas a nivel nacional se disparó en un 57%. Así, mientras que en 2015 la cifra de mujeres que perdieron la vida de forma violenta fue de 2 mil 383 víctimas, para 2016 ascendió a 2 mil 813, en 2017 se disparó a 3 mil 430, y en 2018 escaló a 3 mil 752 casos.
Y el fenómeno no ha sido nada diferente en Chiapas. Muestra de ello es que el 11 de junio de 2025 el Congreso del Estado aprobó el incremento de penas para delitos como el feminicidio, pasando de 50 a 100 años de prisión para los culpables. El objetivo, dijeron, era generar mayor temor en los feminicidas potenciales. Pero los feminicidios este año terminaron elevándose.
A sólo seis meses de que la ley fuera aprobada, Chiapas no sólo se convirtió en el segundo estado con más feminicidios del país durante el primer trimestre de 2026, sino, además, el mes de marzo pasado se volvió el más violento para las chiapanecas en la última década; con asesinatos de elevada crueldad e intentos de feminicidio escalofriantes que no han respetado edad o condición social.
Entonces, la pregunta surge. ¿Cómo le han hecho otras entidades para poder contrarrestar la violencia feminicida?
El caso de mayor éxito en el país es justo el de la Ciudad de México, donde el delito de feminicidio ha reportado una reducción sostenida de 2018 a la fecha. Destacando la disminución del 25% de los casos entre 2018 y 2021, y del 35.3 por ciento entre 2024 y 2025… Pero, ¿cómo le hecho esa entidad para conseguir reducir el número de femicidios?
La respuesta, según Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tiene que ver con estrategias a largo plazo que van más allá de soluciones simplistas, como el establecimiento de redes de atención, protección, asesoría y contención para víctimas potenciales, a fin de facilitar su salida de los entornos de riesgo y endurecer restricciones judiciales contra presuntos agresores.
Por ejemplo, en esa entidad desde 2018 se han instalado más de 27 Unidades Territoriales de Atención y Prevención (LUNAS), donde se brinda atención psicológica y legal a las mujeres que lo solicitan, mientras en Chiapas sólo hay cuatro centros similares. Asimismo, desde 2019 se implementó un apoyo económico de 3,690 pesos mensuales para mujeres en alto riesgo de violencia, a fin aportar a una independencia económica y garantizar su asistencia a terapias psicológicas.
El plan integral, además ha contemplado el establecimiento de una línea telefónica especializada en denuncias anónimas y orientación psicológica; una Red de Mujeres capacitadoras con más de 212 coordinadoras zonales; la creación de un Registro Público de Agresores; la habilitación de “Abogadas de las Mujeres” especializadas en violencia de género dentro de todas las agencias de ministerio público; y la habilitación de refugios para mujeres y sus hijas e hijos; entre otras medidas, que si bien son más complejas y costosas, sí han reducido el número de víctimas mortales.
Y es que, en Chiapas la falta de legislación al respecto no ha sido el problema. Desde 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableció con claridad los procesos a seguir, con medidas similares a las de la Ciudad de México, para atender la problemática. Pero, al parecer, todo ha quedado en letra muerta.
En Capitulo VI, la normativa establece con detalle diversas Órdenes de Protección para víctimas de violencia de género en alto riesgo, tales como apoyo psicológico, sitios de resguardo, medidas de restricción para agresores, protección policiaca y persecución del delito de oficio, entre otras consideraciones, que sí existen en la norma, pero que en la realidad se han vuelto complicadas para víctimas que muchas veces sólo tienen una oportunidad de denunciar a su agresor.
Se trata pues, de una problemática social que en 2025 recibió un presupuesto federal de apenas 6 millones de pesos para atender la Alerta de Violencia de Género en Chiapas, y que evidentemente es mucho más compleja de lo que parece. Exigiendo no sólo medidas legislativas de impacto mediático, sino estrategias mucho más articuladas y permanentes que dejen de priorizar la persecución de homicidas y el conteo de víctimas mortales, para enfocarse en evitar que la sigan asesinando… así las cosas.
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