El impune fraude electoral en Chiapas
Con la resolución del INE en el caso Chiapas se ha confirmado lo que parecía evidente. Ha quedado comprobado que los órganos electorales en México tienen podridas las entrañas, con leyes que únicamente funcionan como meros artículos decorativos para la simulación democrática y la aparente justicia es sólo un asunto de negociación.
Con resoluciones jurisdiccionales como las vividas durante los últimos procesos electorales en México, especialmente en Chiapas, resulta evidente que hoy la delincuencia de cuello blanco tiene secuestradas a las instituciones responsables de garantizar justicia en el país. La ciudadanía ha quedado prácticamente desamparada, sin garantías o representación efectiva a la hora de las grandes decisiones.
O cómo se podría explicar la resolución de un organismo como el Instituto Nacional Electoral (INE) que tras reconocer la existencia de un proceso electoral fraudulento en Chiapas, plagado de graves irregularidades, finalmente decidió mantener en el cargo a la mayoría de las y los consejeros electorales responsables.
Se trata de una autoridad máxima que ha aceptado y determinado la existencia de una contienda llena de trampas (de las más escandalosas en la «historia democrática» de México), donde el responsable local participó activamente en violaciones a la ley comprobadas y, aun así, se decidió mantenerlo en el cargo para organizar una nueva contienda aún más importante.
Resulta inaudito, incomprensible, pero sobre todo indignante. Porque la destitución de sólo tres consejeros se traduce en una burla, una acción de «justicia a modo» para simular la aplicación de la ley, en un México que vive de las puras apariencias.
En el INE pesó nuevamente la autoridad presidencial, en vos de los consejeros Marco Antonio Baños Martínez y Benito Nacif Hernández, quienes impidieron la remoción de todo el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aferrándose a un juicio individual para evitar la destitución de los consejeros operadores de Manuel Velasco en el IEPC.
Y es que Baños y Nacif no son consejeros que deban tomarse a la ligera. Junto a Enrique Andrade González, han sido señalados en múltiples ocasiones de encabezar las principales operaciones políticas en favor de los intereses de poder, manteniendo una constante negociación con los consejeros de otros partidos para declinar votaciones y resoluciones.
No se trastocaron los puestos de personajes como la mismísima presidenta del IEPC, María de Lourdes Morales Urbina, y sus principales cómplices dentro del Consejo, quienes supieron negociar su permanencia con los autores intelectuales del fraudulento procesos electoral; tal vez por un asunto de lealtad o en una de esas hasta por mera precaución para evitar la liberación testigos con lenguas peligrosas.
Finalmente el INE ha mandado un mensaje peligrosamente claro. Ha puesto de manifiesto que, aunque los fraudes electorales en México sean reconocidos y demostrados, la autoridad puede ser flexible y dotar de inmunidad a los responsables directos. Ha dejado patente que la democracia mexicana es un concepto prostituido, efectivo exclusivamente para adornar los falsos discursos políticos que tanto distan de la dolorosa realidad nacional.
