Infancias y violencias / Claudia Corichi

El marco legal diseñado para la defensa y protección de los derechos humanos de las infancias en México, parece no atender una compleja realidad. La Convención sobre los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1989, fue la primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, de carácter obligatorio para los Estados firmantes.

En 2014, el Congreso aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que además de considerarlos como sujetos de derechos, también garantiza el respeto a sus derechos humanos. El Censo 2020 reportó que las niñas y niños de 0 a 14 años representaban el 25% de la población total del país (32 millones).

La edad del juego y esparcimiento se ha convertido en un asunto de sobrevivencia para cientos de menores; su adecuado desarrollo en medio de un ambiente sano les es ajeno sobre todo por las condiciones de marginación, exclusión, discriminación e inexplicable violencia que padecen en el seno de su hogar y sus comunidades.

Trabajo, matrimonio infantil, trata y pobreza son el azote de niñas y niños que profundizan su vulnerabilidad y hace visible otra sindemia (acumulación de dos o más epidemias).

En su más reciente informe, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) presenta un crudo panorama sobre el contexto de violencia que viven los pequeños en México. Señala que los homicidios de personas entre 0 y 17 años aumentaron 2.7%, de 2,182 a 2,240 entre los meses de enero a noviembre de 2020 y 2021.

Lo peor, el año pasado 13 mil inocentes fueron atendidos en hospitales por violencia familiar, de éstas 88% eran niñas y mujeres adolescentes; cada día fueron reportadas 12 niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados durante el año pasado. Para la Redim estos datos indican que la violencia tiene marca de género al existir una mayor incidencia en prácticamente todos los indicadores para las niñas y mujeres adolescentes.

Por lo que hace el trabajo infantil, una encuesta del Inegi previo a la pandemia reportaba que en México 3.3 millones de niños y niñas se encontraban en esa condición. El riesgo que corren al realizar esas actividades se asocia a ocupaciones peligrosas, horario prolongado y trabajos forzosos que están íntimamente ligados a la pobreza.

Sobre el matrimonio infantil, la organización Save The Children estima que en México una de cada 100 niñas entre los 12 y 14 años de edad está casada.

Las cifras nos laceran profundamente, pero no sólo deben significar una reflexión de una sociedad resquebrajada con datos vergonzosos, sino que debe llamarnos a la acción para hacer cambios profundos desde las políticas públicas, lo comunitario y lo familiar en favor de los más vulnerables.

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