Hay frases que no necesitan gritar para incomodar.
Basta con que aparezcan en el momento justo para revelar algo más profundo que una opinión individual.
Por estos días, una de ellas encendió la conversación pública: no necesitar el “hándicap de género” para competir en política. La dijo Andrea Chávez y, más allá de la persona, lo relevante es lo que deja ver.
La frase no ocurre en el vacío. Aparece en medio de un escenario político tensionado, donde se han puesto sobre la mesa discusiones sobre promoción personal, uso de recursos y las condiciones reales de competencia. No se trata aquí de validar o refutar esas acusaciones, sino de entender el momento: uno en el que el acceso al poder también está siendo cuestionado.
Y es ahí donde la afirmación adquiere otro peso.
Llamar “hándicap” a las acciones afirmativas no es inocente. Es convertir en privilegio lo que históricamente ha sido apenas una corrección frente a la desigualdad. Es invertir el sentido de la lucha y presentar la inclusión como una ventaja indebida.
En México, las mujeres votan desde 1953. Pero votar no significó gobernar. Durante décadas, el acceso al poder estuvo mediado por estructuras cerradas, pactos informales y una cultura política que reservaba las decisiones a los hombres. La paridad no cayó del cielo: se empujó, se litigó, se peleó.
Por eso el problema no es que alguien diga “no lo necesito”.
El problema es decirlo desde un lugar que fue posible gracias a ello.
Y en ese desplazamiento hay una forma de comodidad: la de llegar a ciertos espacios y asumir —quizá sin detenerse demasiado— que el camino siempre fue parejo.
Es la narrativa perfecta del mérito individual: limpia, ordenada, sin historia. Pero también es incompleta. Porque borra a quienes abrieron camino, a quienes fueron excluidas, a quienes tuvieron que forzar al sistema para que cediera apenas un espacio.
Esta desmemoria no es solo un error; es funcional. Debilita la legitimidad de las acciones afirmativas y alimenta la idea de que ya no son necesarias. Y si ya no lo son, entonces pueden desmontarse. Así opera el retroceso: no siempre con confrontación abierta, sino con discursos que suavizan la desigualdad hasta volverla casi imperceptible.
Además, hay una tensión que no puede ignorarse: la del feminismo dentro de la política institucional. En los últimos años, su lenguaje ha sido adoptado por partidos y figuras públicas. Eso ha permitido avances, sí, pero también ha generado simulación. Se habla de género, se cumplen cuotas, se ocupan espacios… sin transformar necesariamente las estructuras.
La presencia de mujeres en el poder no garantiza, por sí misma, una agenda feminista. Y no todo discurso de igualdad busca cambiar las condiciones que lo hicieron necesario.
Desde el sur del país, donde las desigualdades no se presentan aisladas sino entrelazadas —género, clase, territorio, pertenencia indígena—, esta discusión adquiere otra densidad. Aquí, hablar de igualdad de condiciones no es una abstracción: es una distancia concreta. No es lo mismo competir desde el centro que desde la periferia. No es lo mismo hacerlo con redes, recursos y visibilidad, que sin ellos.
Por eso, reducir la conversación a una cuestión individual no solo es simplista: es profundamente injusto.
Las acciones afirmativas no son privilegios. Son herramientas para corregir un terreno históricamente inclinado. No sustituyen el mérito; crean las condiciones para que pueda existir.
Y sin embargo, hay algo seductor en pensar que ya no son necesarias.
La comodidad del olvido consiste justamente en eso: en habitar los derechos conquistados como si siempre hubieran estado ahí. En disfrutar sus efectos mientras se desvanece la memoria de la lucha que los hizo posibles.
Olvidar nunca es neutral.
Es una forma de tomar partido.
