Por Jhenyfeer Farrera
Cuatro informes mesoamericanos y una misma verdad incómoda
Mientras la conversación pública sobre migración continúa atrapada entre discursos de seguridad, cifras de contención y estrategias de control fronterizo, en Esquipulas, Guatemala, ocurrió algo distinto: mujeres defensoras, organizaciones y redes comunitarias de México, Honduras, Guatemala y El Salvador se reunieron para poner en el centro una realidad que rara vez ocupa titulares completos.
La vida de las mujeres en movilidad.
El reciente encuentro de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración no fue únicamente un espacio de formación o articulación política. También fue un ejercicio regional de memoria y diagnóstico colectivo sobre las condiciones que atraviesan miles de mujeres migrantes en Mesoamérica.
Y quizá lo más relevante fue la presentación de cuatro informes nacionales construidos desde territorio, acompañamiento comunitario e investigación feminista.
Cuatro países distintos. Cuatro contextos fronterizos. Pero una misma constante: la violencia sigue atravesando el derecho a migrar.
Los informes, elaborados en |México, Guatemala, Honduras y El Salvador| analizan políticas públicas relacionadas con violencia basada en género, movilidad humana, acceso a justicia, salud y protección institucional para mujeres migrantes.
Lo que revelan es profundamente preocupante.
Existe un enorme contraste entre los discursos oficiales y la realidad que enfrentan las mujeres en tránsito.
En el caso mexicano, el diagnóstico es contundente: aunque existe un amplio marco jurídico en materia de derechos humanos, migración y protección internacional, la implementación continúa siendo fragmentada, insuficiente y profundamente desigual.
La violencia basada en género aparece no solo como consecuencia del desplazamiento, sino también como una de sus principales causas.
Muchas mujeres migran huyendo de:
violencia doméstica,
persecución criminal,
violencia sexual,
pobreza extrema,
o amenazas territoriales.
Y aun así, durante el tránsito vuelven a enfrentar nuevas formas de violencia institucional y social.
La frontera sur de México sigue funcionando como un espacio donde se cruzan: militarización, precariedad, racismo, criminalización y ausencia estatal.
Uno de los hallazgos más alarmantes presentados durante el encuentro fue el subregistro de mujeres migrantes víctimas de violencia.
Aunque millones de servicios han sido brindados en instituciones de atención a mujeres, las cifras oficiales apenas registran a mujeres extranjeras dentro de esos sistemas.
La pregunta entonces no es si la violencia existe. La pregunta es por qué continúa invisibilizándose.
Y ahí aparece uno de los aportes más importantes de la Red Mesoamericana: nombrar aquello que las instituciones todavía no quieren mirar completamente.
Pero el encuentro también dejó claro algo más: la defensa de derechos humanos en la frontera no está siendo sostenida principalmente por los gobiernos.
Está siendo sostenida por mujeres.
Por defensoras comunitarias. Por organizaciones feministas. Por redes de acompañamiento. Por albergues. Por gestoras territoriales. Por colectivas que operan con recursos mínimos y desgaste permanente.
Durante las mesas de trabajo se compartieron mecanismos de protección construidos desde la práctica cotidiana: redes de derivación, protocolos comunitarios, acompañamiento psicosocial, brigadas de salud, seguridad digital, refugios temporales, y sistemas de alerta colectiva.
Muchas veces, estas redes terminan haciendo el trabajo que los Estados no alcanzan, o no quieren, garantizar.
Y eso también es una forma de frontera.
Porque la crisis migratoria en Mesoamérica ya no puede entenderse únicamente como un fenómeno de movilidad. Es también una crisis de cuidados, de protección y de desigualdad regional.
En los distintos análisis presentados durante el encuentro apareció una preocupación compartida: la creciente normalización de la militarización como respuesta a la migración.
Mientras más retenes, controles y operativos se implementan, más peligrosos se vuelven los trayectos para mujeres y niñas.
La contención no elimina la movilidad. Solo la vuelve más riesgosa.
Por eso, uno de los consensos más importantes del encuentro fue insistir en algo fundamental: no puede existir política migratoria legítima sin perspectiva de género, interseccionalidad y justicia territorial.
Particularmente desde el sur.
Porque Chiapas, Guatemala, Honduras y El Salvador no viven la migración como una estadística abstracta. La viven como experiencia cotidiana.
En los cuerpos. En las ausencias. En los desplazamientos. En las rutas. En las casas refugio. En los duelos. Y también en las redes comunitarias que continúan sosteniendo la vida frente al abandono institucional.
Tal vez ahí radique la mayor fuerza política de este encuentro regional: recordar que las mujeres migrantes no son únicamente población vulnerable.
Son sujetas políticas. Son memoria viva de la frontera. Y también son quienes, incluso en medio del tránsito y la violencia, siguen construyendo comunidad en movimiento.
