La nueva guerra religiosa contra los derechos igualitarios en México
Redacción
La campaña de discriminación, segregación y odio promovida por las iglesias evangélica y católica no puede tener cabida en un Estado que se asume laico y garante de los Derechos Humanos como lo es México, donde la Secretaría de Gobernación (dependencia encargada de regular estas prácticas) ha sido gravemente omisa ante la embestida enfilada contra la población LGBTI del país.
La convocatoria reciente hecha por ambas iglesias para movilizar a las personas y salir a las calles a fin de exigir que NO se reconozca en México el derecho de los homosexuales a formar legalmente una familia es un asunto que no pude tomarse a la ligera y debe activar inmediatamente todos los mecanismos de control del Gobierno Federal hacia los ministro de culto.
Y es que, para el pesar de muchos líderes religiosos que en pleno siglo XXI insisten imponer sus dogmas como reglas de vida generalizadas, el tema de los derechos igualitarios, y por consecuente del matrimonio igualitario, es un asunto que nada tiene que ver con las ceremonias eclesiásticas, la iglesia o la religión.
El matrimonio igualitario es menester exclusivo del Derecho, la Constitución Mexicana y los Derechos Humanos. Se trata fundamentalmente de esa garantía que todas y todos los mexicanos tenemos para ser tratados como iguales ante la ley, sin excepción alguna. Aquí no hay espacio para poner nada a consulta o a consideración. Se trata de derechos esenciales.
El matrimonio igualitario no significa ninguna modificación o cambio al añejo matrimonio entre heterosexuales, busca únicamente el reconocimiento y la protección legal para las familias homo o lesboparentales (formadas entre dos personas del mismo sexo) que han existido desde siempre, pero que han sido segregadas, relegadas, satanizadas y obligadas a esconderse a causa de creencias que nada tienen que ver con la realidad.
Por ley máxima ningún ministro de culto puede intervenir en asuntos exclusivos del Estado. En este sentido, los artículos 3º y 8º de la Ley de Asuntos Religiosos y Culto Público son muy claros. Ahí se establece abiertamente la obligación del Estado a ejercer su autoridad ante cualquier manifestación religiosa, individual o colectiva, que atente contra lo establecido en la Constitución.
El artículo octavo señala textualmente que «las asociaciones religiosas deberán sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y respetar las instituciones del país; respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país; pero sobre todo están obligadas a propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas».
Por eso la convocatoria de las iglesias cristianas contra el matrimonio igualitario en México es inaceptable. Porque no se trata de una manifestación religiosa a favor de sus derechos, sino en contra del derecho de otros. Se trata de un movimiento religioso claramente en contra de los Derechos Humanos y, por lo tanto, en contra de lo que dicta nuestra Constitución como documento de garantías esenciales.
Urge que la Secretaría de Gobernación haga efectivas las leyes que regulan la intromisión del clero en asuntos constitucionales. No puede ni debe permitirse que los ministros religiosos encabecen campañas de odio y desigualdad en contra de ninguna minoría. Las iglesias tienen el derecho a que se respeten sus creencias dentro de sus cultos o templos, pero también tienen la obligación superior de respetar los derechos constitucionales del resto de la población, les guste o no.
