Los docentes detenidos deben regresar a Chiapas
Lo que se supone serían una serie manifestaciones pacíficas en diversos puntos de Chiapas, terminaron convirtiéndose nuevamente en enfrentamientos violentos, planeados, provocados y manipulados cobardemente por las autoridades federales, solapadas por el Gobierno de Chiapas, donde el actual régimen dio otra muestra de las violaciones a los Derechos Humanos y los excesos judiciales contra la población civil.
Y es que lo que sucedió el pasado 15 de abril en Chiapas, durante las manifestaciones del magisterio estatal, es un acontecimiento que no puede tomarse a la ligera, pues expresa preocupantemente el deterioro de una república supuestamente libre y democrática como México.
No nos podemos hacer de la vista gorda. Lo que su sucedió el pasado viernes estuvo anunciado por las mismas autoridades. Fue planeado y orquestado desde el Gobierno Federal, en complicidad con la administración estatal, con alevosía y ventaja. De manera ruin y descarada, con acciones preparativas como la suspensión previa de actividades en las oficinas de gobierno y los servicios del transporte público.
Algo sospechoso se anunciaba desde un día antes. El aparato gubernamental sabía que habría violencia porque ellos mismos tenían preparado el combustible para hacer arder la situación. O ¿Por qué cree usted que suspendieron las actividades en oficinas de gobierno y transporte público por una manifestación magisterial, si nunca antes lo habían hecho así?
Decenas de policías federales llegaron con instrucciones precisas desde la noche del jueves al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo para ejecutar la encomienda dada: «reventar» las manifestaciones docentes en Chiapas, con la participación de infiltrados, para excusar una serie de abusos y violaciones directas al derecho legítimo de la libre manifestación, consagrado en el 6º constitucional.
Desde un par de día antes el sindicato magisterial había comunicado la movilización estatal programada para el 15 de abril. Habían anunciado con precisión bloqueos carreteros pacíficos en los principales puntos de la entidad que concluiría a las tres de la tarde. Nada fuera de lo común en un estado como Chiapas, tan lleno de caos, inconformidad y crispación entre los diferentes sectores sociales.
«El cuatro montado» por las autoridades judiciales ya estaba perfectamente armado. Los puntos de bloqueo se volvieron polvorines en combustión donde los violentos de siempre, encargados de revenar manifestaciones bajo consigna, se hicieron presentes. Así, los abusos policiales, el vandalismo y hasta los cobardes ataques contra los medios de comunicación se hicieron patentes de nueva cuenta.
Pero no nos equivoquemos. Porque quienes conocen de las mañas y artilugios del gobierno no pueden pecar de ingenuos a la hora de hacer juicios sobre lo sucedido, porque caerían en complicidades de facto. Hay que decirlo de manera clara: los infiltrados sí existen y son una práctica recurrente en los tres niveles de gobierno.
Y así como no nos puede constar que hayan sido estos personajes turbios quienes realizaran las agresiones a los medios de comunicación o los actos vandálicos, tampoco podemos aseverar categóricamente que hayan sido los docentes manifestantes. Se deben condenar los actos, pero no se puede responsabilizar con seguridad a ninguno de los actores.
Como medios o periodistas con responsabilidad social estamos obligados a rechazar las agresiones contra la prensa, pero también los abusos evidentes contra la sociedad civil que se manifiesta para expresar legítimamente cualquier exigencia. No se puede ser indiferente ante los cobardes ataques contra los medios de comunicación, pero tampoco caer en el juego ruin de los orquestadores intelectuales.
No podemos quedar mudos o ser omisos ante los abusos cometidos por el Estado contra ningún ciudadano que salga a las calles para mostrar cualquier inconformidad contra el gobierno. No podemos solapar y dejar de denunciar los excesos policiales, las trasgresiones al debido proceso y las violaciones a los Derechos Humanos con detenciones tan arbitrarias y sobredimensionadas.
A los profesores de educación pública en Chiapas se les ha tratado como delincuentes de alta peligrosidad, mientras los verdaderos lastres de la delincuencia organizada caminan tranquilamente amparados por la impunidad que les otorga el mismo Estado que hoy reprime a la ciudadanía organizada.
Los docentes que fueron trasladados arbitrariamente a Nayarit en aviones de la Policía Federal, lejos de sus familias, no pueden ser utilizados como ejemplos maquiavélicos para instaurar el miedo entre el resto de los profesores que aún se resisten a una reforma laboral disfrazada de «reforma educativa».
Los detenidos deben ser devueltos de inmediato para enfrentar las acusaciones e investigaciones en el estado donde presuntamente se cometió el delito, tal como lo marca el debido proceso. La ciudadanía no puede permitir un hecho tan lleno de atropellos como ese. Porque ya ha quedado demostrado que hoy son los decentes, pero mañana «los enemigos públicos» del régimen actual podríamos ser cualquiera de nosotros. Así las cosas.
