Luisa María Alcalde contrastó cifras de consumo entre ambos países y sostuvo que Estados Unidos reconoce el fracaso del modelo punitivo, aunque el reto bilateral sigue abierto por drogas, armas y salud pública
AquíNoticias Staff
El debate sobre drogas entre México y Estados Unidos volvió a moverse de lugar. Esta vez, el gobierno mexicano no colocó el énfasis sólo en el tráfico, sino en la demanda: el consumo masivo de drogas ilícitas en territorio estadounidense.
Durante la conferencia matutina del martes 12 de mayo, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, expuso que 73.6 millones de estadounidenses, equivalentes al 25.5 por ciento de la población de ese país, han consumido drogas ilícitas. En contraste, señaló que en México 3.8 millones de personas reportaron consumo en el último año.
La cifra fue utilizada por el gobierno federal para sostener una crítica de fondo: mientras Estados Unidos ha presionado históricamente a México por el tráfico de drogas, su propio problema interno de consumo tiene dimensiones de crisis sanitaria.
Alcalde también informó que 48.4 millones de personas en Estados Unidos padecen algún trastorno por uso de sustancias y que 23.6 millones se encuentran en proceso de recuperación. De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria, el gobierno estadounidense reconoció además el fracaso del modelo punitivo y la necesidad de atender las adicciones desde la prevención, el tratamiento y la recuperación.
El dato no es menor. Si Washington admite que la contención y la persecución no han resuelto el problema, también reconoce que la crisis de drogas no puede explicarse únicamente desde la producción, el trasiego o la frontera. Hay una demanda interna que sostiene el mercado, deteriora comunidades y obliga a replantear la política pública.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que este reconocimiento forma parte del diálogo bilateral para atender las causas del consumo de drogas de manera integral, mediante campañas de prevención y acciones de salud pública. También señaló que el gobierno estadounidense reconoció la importancia de reducir el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México.
Ahí se encuentra el punto político del mensaje. México busca desplazar una narrativa que durante años lo ha colocado casi exclusivamente como país responsable del problema. El gobierno federal sostiene que la discusión debe incluir, al mismo tiempo, el consumo estadounidense, la venta y tráfico de armas, la prevención de adicciones y la atención médica.
Sin embargo, el contraste de cifras tampoco resuelve por sí mismo la complejidad del fenómeno. Que Estados Unidos tenga un problema grave de consumo no elimina los retos internos de México en materia de violencia, control territorial, salud pública, prevención, atención de adicciones y fortalecimiento institucional.
La estrategia estadounidense, según lo presentado por Alcalde, contempla campañas nacionales en televisión, radio, redes sociales y plataformas digitales, programas escolares y comunitarios basados en evidencia científica, atención médica, rehabilitación, apoyo psicológico e integración social, familiar y laboral de personas en recuperación.
También considera redes de apoyo mutuo, programas de tratamiento en centros penitenciarios, integración de datos de salud para crear modelos predictivos sobre patrones de consumo y protocolos de emergencia para atender sobredosis.
El reconocimiento estadounidense abre una discusión necesaria, pero también incómoda para ambos países. Para Estados Unidos, implica aceptar que su crisis de drogas no se combate sólo en la frontera ni con presión diplomática. Para México, supone insistir en la corresponsabilidad sin perder de vista sus propias obligaciones frente a la violencia y la salud pública.
El problema, en el fondo, no admite propaganda simple. Ni el consumo estadounidense exime al Estado mexicano de sus responsabilidades, ni la presión contra México puede ocultar la demanda, las armas y el fracaso de las respuestas punitivas en Estados Unidos.
La crisis de drogas es binacional, pero sus costos son profundamente humanos. Y mientras ambos gobiernos discuten cifras, millones de personas siguen atrapadas entre adicciones, violencia, mercados ilegales y sistemas de salud que aún no alcanzan para responder al tamaño del problema.
