La familia de Carlos Rafael Chávez Trujillo solicita la intervención del gobernador de Chiapas y de organismos de derechos humanos para que el proceso sea revisado con imparcialidad, sin represalias y con respeto al debido proceso
AquíNoticias Staff
La familia de Carlos Rafael Chávez Trujillo, joven médico detenido en Tuxtla Gutiérrez, pidió la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de organismos de derechos humanos para que su caso sea revisado con imparcialidad, respeto al debido proceso y garantías para su integridad.
El llamado no se plantea como una confrontación política, sino como una petición humanitaria. Sus padres y hermanas sostienen que no buscan represalias contra ninguna autoridad, sino que se revise la detención, se esclarezcan las condiciones en que ocurrió y se permita que Carlos Rafael enfrente cualquier señalamiento mediante un proceso limpio.
De acuerdo con la versión de la familia, el joven fue detenido en la colonia Miravalle mientras ayudaba a su hermana en la venta de hamburguesas y esperaba los resultados de su examen para ingresar a una especialidad médica.
Su madre, María Trujillo Solís, afirmó públicamente que hombres armados irrumpieron de manera violenta y sin identificarse plenamente. “No, a mi hijo se lo llevaron por la fuerza, no se identificaron ni nada. No sé si eran Pakales, no sé qué eran. Venían mitad civiles y mitad Pakales”, declaró.
La familia aseguró que durante más de 30 horas desconoció su paradero y recorrió distintas corporaciones para intentar localizarlo. También denunció que el joven habría sido golpeado y obligado a firmar documentos relacionados con hechos que, según sus familiares, no cometió.
“A él lo encerraron desde el jueves, fue una odisea buscándolo dónde estaba, no lo encontrábamos… ya al otro día que lo vi Carlos me dijo: ‘perdóname mamita, perdóname, tuve que firmar porque fueron muchos golpes’”, relató su madre.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo sostuvo, en su versión oficial difundida por medios locales, que Carlos Rafael “N” fue detenido durante patrullajes preventivos por presunto narcomenudeo; sus familiares, en contraste, afirman que fue privado de la libertad y denuncian abuso policial.
El caso también abrió otro frente de discusión pública luego de que circulara en redes sociales un video en el que una mujer lo señaló por presunta extorsión y violencia digital. Ante ello, una de sus hermanas cuestionó que primero se le relacionara con narcomenudeo y después con otro señalamiento.
“Si ya existía una extorsión, ¿por qué primero lo acusan de narcomenudeo y después de una extorsión?, cuando realmente dicen que existía una carpeta, entonces ¿por qué no se investigó primero por ese delito?”, expresó.
La familia sostiene que no conoce personalmente a la mujer que aparece en el video y pide que cualquier acusación sea investigada por la vía legal correspondiente, sin exposición mediática anticipada ni juicios públicos que sustituyan a la autoridad judicial.
Rafael Chávez Trujillo, padre del joven, pidió que el caso sea revisado por instancias externas a las corporaciones involucradas. “Se le está imputando algo que no hizo mi hijo”, afirmó.
Vecinos, amigos y personas cercanas a Carlos Rafael respaldaron a la familia. Lo describieron como un joven dedicado al estudio, al deporte y al apoyo a sus padres, una familia de bajos recursos que, aseguran, ha acompañado su formación profesional con esfuerzo.
La comunidad que lo conoce pidió que se escuche el contexto personal del joven sin convertirlo en prueba jurídica, pero sí como parte de una revisión más amplia sobre su trayectoria, su arraigo y las dudas planteadas por sus familiares.
La petición de la familia es concreta: que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar escuche el caso, que Derechos Humanos acompañe la revisión y que ninguna autoridad cierre los ojos ante la posibilidad de una injusticia.
No piden impunidad. Piden certeza.
No piden confrontación. Piden auxilio.
No piden que se ignore la ley. Piden que la ley se aplique sin abuso, sin fabricación y sin miedo.
