Morena: la transición
Morena se reorganiza y se centraliza. La salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional para integrarse al corazón jurídico del Ejecutivo no es un relevo administrativo. Es un ajuste. Un movimiento de control. Y, como casi todos los movimientos de control, revela más por su secuencia que por su explicación oficial.
Durante años, Morena creció como movimiento: amplio, heterogéneo, territorial. Una fuerza que, por diseño y por origen, toleró tensiones internas, liderazgos locales y márgenes de autonomía. Pero gobernar exige otra cosa: orden, disciplina y, sobre todo, conducción. La lógica de oposición soporta la dispersión; la lógica de gobierno tiende a corregirla.
La decisión de trasladar a una figura clave hacia la Consejería Jurídica de la Presidencia tiene una doble lectura. Hacia dentro del gobierno, fortalece el control técnico y legal de las decisiones estratégicas. Hacia dentro del partido, abre espacio a una nueva etapa que busca ser menos simbólica y más operativa. No se están moviendo sólo nombres: se está reacomodando el tablero.
El elefante en la habitación es que estos movimientos ocurren en el umbral de un nuevo ciclo electoral. Primero salió Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres para volver a la operación partidista, con una tarea específica: alianzas, candidaturas y amarre rumbo a 2027. Luego Esthela Damián deja la Consejería Jurídica para buscar la gubernatura de Guerrero. Finalmente, el movimiento de Luisa María y, en paralelo, se perfila Ariadna Montiel como relevo en la dirigencia nacional, con un perfil más territorial y de estructura. Visto así, evidentemente no es una serie de decisiones aisladas. Es un rediseño.
Desde la teoría clásica hay aquí una constante histórica: toda estructura política tiende a concentrar la decisión en momentos de incertidumbre o de preparación electoral. El liderazgo busca reducir la dispersión, acotar el conflicto y asegurar coherencia en la acción. En ese sentido, lo que vemos es una transición: de partido-movimiento a partido-gobierno, una estructura más articulada desde el centro presidencial.
La línea, sin embargo, es delgada. Y su interpretación depende siempre del contexto. En un sistema democrático, esa frontera importa porque define equilibrios. El partido organiza, el gobierno ejecuta y las instituciones garantizan que ambos operen dentro de las reglas. Pero cuando esas funciones se acercan demasiado, puede que haya más eficiencia, pero también mayor necesidad de vigilancia, contrapeso y exigencia de cuentas.
Morena, en este momento, parece apostar por la cohesión. Por reducir márgenes de incertidumbre. Una decisión racional dentro de la lógica del poder: asegurar gobernabilidad, operación electoral y control de daños internos.
Pero toda concentración tiene su riesgo. Centralizar fortalece en el corto plazo, aunque obliga a construir mecanismos de legitimidad sólidos en el mediano. La razón es simple, pero compleja: cuando se absorbe demasiado, también se absorbe el costo de los errores.
¿Está bien o mal? No hay respuesta fácil. Un amigo querido, el caricaturista y analista Enrique Alfaro, alguna vez me dijo que pedirle a un político que no busque concentrar poder o promocionarse es como pedirle al mar que deje de hacer olas. No se puede. Es parte de su naturaleza. La tarea democrática, entonces, no es detener el oleaje. Es construir buenos diques.
De cara al próximo proceso electoral, y dados estos reacomodos, el sistema electoral y jurisdiccional seguirá jugando un papel clave: garantizar que esa reorganización del poder se mantenga dentro de los cauces constitucionales; que la competencia siga siendo real; que las reglas no se doblen. Ese es el punto de equilibrio.
Como ve, no se trata de impedir que el juego de la política ocurra. Se trata de encauzarlo bien. Y ante el riesgo de concentración, la respuesta democrática sigue siendo la misma: más vigilancia, no menos.
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