A propósito del ejercicio de la revocación del mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una serie de conversatorios para hablar sobre el tema, dos de ellos se realizaron antes del 10 de abril, fecha de las votaciones, y el tercero se efectuó el lunes 20 de junio.
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Tuve la oportunidad de participar en dos de estos ejercicios y aquí les comparto algo de lo que conversé el lunes. Debo aclarar que no es toda la intervención, sino solo la respuesta a una de las tres preguntas generadoras del conversatorio.
¿Cuáles son los aspectos que destacaría del ejercicio de Revocación del Mandato, desde una perspectiva ciudadana?
El día de la revocación del mandato, 10 de abril del 2022, me agarró haciendo un trabajo en los municipios indígenas de los Altos de Chiapas. Debo de confesar que mi intención no era cubrir propiamente el hecho, sino estaba en la zona porque estaba documentando el caso de la señora Celia y sus hijas, mujeres indígenas del municipio de Huixtán.
Este lugar se encuentra ubicado a 35 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. En el 2020 el 28.5 por ciento de la población de esa localidad no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, 20.8 por ciento no contaba con red de suministro de agua, el 1.5 por ciento no tenía baño y el 2.89 por ciento no poseía energía eléctrica.
Durante el camino a ese municipio pasamos por una de las casillas que se instalaron para votar por la revocación del mandato y nos sorprendió la larga fila, llegaban por decenas en camionetas de redilas, la mayoría eran hombres. En el trayecto también vimos a mujeres indígenas cargando grandes tercios de leña y cuidando a sus hijos. Es una imagen común en los Altos de Chiapas.
Llegamos hasta la casa de Celia de 74 años de edad. Es madre de Hilda quien tiene 38 años de edad y padece Sindrome de Down. Su caso se dio a conocer en el 2003. A pesar de cumplir con las tres causales legales para la interrupción legal del embarazo en Chiapas: el feto era producto de una violación, corría peligro la vida de la mujer y había malformación congénita. A ella se le negó.
Hilda llegó al quinto mes de embarazo, pero tuvo un mal parto. Los dolores le vinieron en Huixtán, y tuvieron que trasladarla a San Cristóbal para que la atendieran. No había ambulancia, ni un transporte adecuado para el trayecto. La tuvieron que llevar en una camioneta de redilas que consiguieron en una comunidad cercana. Todo empeoró. El producto murió y la joven quedó en coma.
Este caso, que es extenso y no termina aquí, da cuenta de la violencia estructural en Chiapas, y en particular contra las mujeres.
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Entre lo mucho que conversamos con Celia y su familia, les pregunté si irían a la casilla a votar… me dijeron que no, que solo fue su hijo porque alguien tenía que ir porque así dijeron en la presidencia municipal, que a ellas les era totalmente imposible porque ese domingo 10 de abril (además de ser el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata y domingo de ramos) también era el día en que llegaba agua entubada a su casa, había que aprovechar para llenar todos los trastes posibles. Cuando la pobreza es extrema hay prioridades.
Al regresar a San Cristóbal, la casilla que horas atrás habíamos visto repleta de personas estaba totalmente vacía, los propios funcionarios me explicaron que las votaciones tardaron menos de dos horas, que la mayoría llegó en camionetas de redilas y se fueron con la misma urgencia con la que llegaron. A la hora que llegué, en eso de las 3 de la tarde, solo hacían tiempo para cerrar oficialmente la casilla.
A la hora que estaba llegaron un par de personas, les pregunté sobre qué pensaban del ejercicio de la revocación del mandato, me dijeron que no tenían claro de qué iba, que fueron porque les dijeron del municipio (con esas palabras) que tenían que ir.
Lo que les cuento no es una cuestión anecdótica, no es algo que solo sucedió en Huixtán, no es algo que les sea ajeno a muchas personas. Es lo que pasó en diferentes comunidades rurales, indígenas y de la periferia.
En estas conversaciones a veces estas realidades quedan fuera y por eso quise hablar de ellas.
