La creación de un comité para evaluar la explotación de gas en yacimientos no convencionales devuelve al centro una discusión que la 4T había rechazado: esos reservorios suelen requerir fractura hidráulica, una técnica que López Obrador prometió no usar en México y que hoy vuelve a asomarse
AquíNoticias Staff
Como parte de su estrategia para fortalecer la soberanía energética, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un comité de científicas y científicos que analizará la posible explotación sustentable de reservas de gas natural en yacimientos no convencionales. El grupo deberá entregar una primera orientación en dos meses y, después, el gobierno prevé consultar a las comunidades involucradas.
El punto político no está solo en la creación del comité, sino en el tipo de reserva que se puso sobre la mesa. En la literatura técnica, los yacimientos no convencionales son aquellos en los que el gas no fluye comercialmente por sí solo y, por eso, suelen requerir técnicas especiales de estimulación. La EPA explica que los reservorios no convencionales solo pueden producir de forma costeable mediante métodos como la fractura hidráulica, mientras que el USGS señala que el fracking es hoy la técnica primaria de estimulación en reservorios no convencionales y de baja permeabilidad, como lutitas y arenas compactas.
Dicho de otro modo: aunque el gobierno no haya dicho todavía “vamos a fracturar”, el terreno técnico al que entró sí remite a esa discusión. Y el propio perfil del comité abona esa lectura. Entre sus integrantes hay especialistas en tratamiento de aguas impactadas con hidrocarburos, geomecánica aplicada, caracterización de lutitas negras, medios porosos naturalmente fracturados y, de forma explícita, una experta en fluidos de control, cementos y fracturantes para la explotación de yacimientos no convencionales.
La controversia no es abstracta. La EPA ha documentado que el flowback y el agua producida que regresan a superficie tras la fractura pueden contener químicos inyectados, además de salmueras, metales, radionúclidos e hidrocarburos. El NIEHS identifica la calidad del agua como una preocupación central por el posible ingreso de esos compuestos a fuentes de agua potable. Y el USGS advierte que, aunque los sismos perceptibles directamente ligados a la fractura son raros, el manejo e inyección profunda de aguas residuales generadas por estos pozos sí puede provocar sismicidad inducida.
Por eso la nueva ruta choca con una memoria política todavía reciente. En su mensaje del 1 de diciembre de 2018, López Obrador incluyó entre sus 100 compromisos que su gobierno no usaría métodos de extracción que afectaran la naturaleza y agotaran el agua, “como el fracking”. Meses después, en junio de 2019, afirmó en conferencia matutina que Pemex no usaría fracking. Y en su Segundo Informe de Gobierno, en 2020, volvió a presentar el no al fracking como una promesa cumplida.
Ahí está la tensión de fondo. Formalmente, Sheinbaum no ha autorizado todavía la explotación ni ha firmado un viraje regulatorio; lo anunciado es una evaluación científica con consulta posterior a comunidades. Pero políticamente el movimiento sí reabre una puerta que el obradorismo había cerrado en el discurso. Porque si el objetivo es explotar gas en reservorios no convencionales, la conversación técnica conduce, casi inevitablemente, al fracking.
La pregunta, entonces, ya no es solo energética. También es política. Si la soberanía energética termina empujando a la 4T hacia una tecnología que prometió desterrar, el gobierno no tendrá que explicar únicamente cómo piensa extraer ese gas, sino también por qué aquello que antes era una línea roja hoy vuelve a discutirse como opción de Estado.
