La presidenta sostuvo que no existe justificación económica para encarecer uno de los alimentos básicos del país, mientras el Consejo Nacional de la Tortilla insiste en ajustes de entre 2 y 4 pesos por kilo por costos operativos y distorsiones del mercado
AquíNoticias Staff
La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura frente a los anuncios del sector tortillero sobre un posible incremento en el precio del kilo de tortilla y lo hizo con una línea directa: para el Gobierno federal, no hay razón económica que justifique una subida.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el precio del maíz se encuentra en niveles históricamente bajos, por lo que, a juicio del Ejecutivo, no existe fundamento para trasladar aumentos al consumidor final en un producto clave para la alimentación cotidiana de millones de mexicanos.
El mensaje presidencial llegó después de los señalamientos del Consejo Nacional de la Tortilla, que ha advertido sobre un ajuste inminente en el precio del producto. Así, el debate dejó de ser solo económico y pasó a instalarse en el terreno político: el Gobierno busca contener una presión inflacionaria sensible, mientras el sector empresarial defiende la necesidad de revisar sus márgenes de operación.
Ante ese escenario, Sheinbaum informó que instruyó al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, a establecer comunicación directa con productores de maíz con quienes el Gobierno mantiene acuerdos sobre el precio del grano. La intención, según lo expuesto, es cerrar el paso a un aumento que la administración federal considera injustificado.
La señal del Ejecutivo apunta a blindar uno de los productos más sensibles de la canasta básica. La tortilla no es un bien cualquiera: su precio impacta de forma directa en la inflación percibida y en el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en los de menores ingresos.
Pero del otro lado, la lectura es distinta. El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, sostuvo que el ajuste no puede analizarse únicamente desde el costo de la harina o del grano. Su argumento es que la presión sobre el precio final responde a una estructura más amplia de costos y a problemas de competencia desleal dentro del sector.
Según su planteamiento, el aumento en la harina de maíz es un factor relevante, pero no el principal. López aseguró que el verdadero problema estructural está en las distorsiones del mercado, donde productores que operan dentro de la legalidad compiten en condiciones desiguales. Desde esa óptica, el debate no se limita al precio del insumo, sino a la regulación y a las condiciones de operación del negocio.
Uno de los puntos centrales del diferendo está en el peso real de la harina dentro del precio final de la tortilla. De acuerdo con López, el ajuste reciente en ese insumo tendría un efecto limitado y no explicaría por sí solo un alza mayor. Con ello, el sector intenta colocar sobre la mesa otros componentes de la estructura de costos, como transporte, energía, renta y condiciones locales de mercado.
Pese a la postura presidencial, el Consejo mantiene su previsión de aumentos. Según sus estimaciones, el precio del kilo de tortilla podría subir entre 2 y 4 pesos a partir del 15 de abril, aunque el incremento no sería uniforme en todo el país. Cada productor, ha dicho el organismo, ajustaría conforme a sus costos operativos y a la dinámica comercial de su región.
El choque entre el Gobierno federal y el sector tortillero refleja una tensión mayor: cómo equilibrar la protección al consumidor, la sostenibilidad del negocio y la estabilidad del mercado. En medio de esa disputa, la tortilla vuelve a exhibir su peso político. No solo alimenta: también mide el humor económico del país.
