Chamula, gobernabilidad boicoteada desde la cúpula
El conflicto poselectoral en San Juan Chamula no es sólo la consecuencia de un problema de número de votos o de la forma ilegítima cómo obtuvo la mayoría el presunto ganador. El asunto tiene que ver más con la equivocada y riesgosa estrategia política aplicada por el gobierno-PVEM en el corazón indígena de la zona Altos de Chiapas.
En su afán avasallador, la dupla quiso ganar el bastión priista sin sopesar que esa hegemonía de décadas no ha dependido de la buena gestión administrativa de los alcaldes, de las buenas propuestas del partido gobernante o de una eficaz campaña electoral, sino que está profundamente arraigada a un sistema de dominación donde la tradición, los usos y costumbres, son factores determinantes. En este sentido, era obvio que cualquier intento de romper con esa estructura que también protege los intereses económicos de la casta chamula, traería fuertes conflictos que en general en esa zona no se resuelven de forma pacífica.
En los comicios locales de 2010, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló las elecciones –que en principio había ganado el candidato a alcalde del PRI— por encontrar irregularidades en más de 40 por ciento de las casillas. Los grupos en pugna procesaron la resolución judicial alejados de cualquier mecanismo democrático. Los opositores aglutinados en la coalición «Unidad por Chiapas», conformada por el PRD, PAN, Nueva Alianza y Convergencia, arrebataron el bastón de mando al edil priista en funciones y también de manera violenta los indígenas priistas lo «restituyeron» en su cargo.
Para controlar la inestabilidad política y cumplir con la elección extraordinaria ordenada por el TEPJF, el gobierno sabinista ideó una salida sui generis: una candidatura de unidad apoyada por todos los partidos y encabezada por el mismo candidato tricolor impugnado, Dagoberto Hernández Gómez.
En este contexto político, el papel del PVEM fue marginal, pero ya se percibía su interés por hacer crecer su influencia en la zona. En los comicios municipales del 2004 apenas recibió 213 votos, en 2007 obtuvo 361 y en las fraudulentas elecciones de julio de 2010 le fueron adjudicados 3 mil 200 sufragios. Cuando se repuso la elección en noviembre de este último año, Manuel Velasco, entonces senador de la República, calificó el hecho de «histórico», felicitó al presidente municipal electo y se comprometió a apoyar el desarrollo de San Juan Chamula. «Nosotros vamos a respaldar la gestión del presidente Dagoberto, porque queremos que el histórico acuerdo logrado en Chamula dé resultados de gobierno», afirmó. En el 2012, cuando Velasco ganó la gubernatura, su partido obtuvo el segundo lugar en el municipio con 11 mil 670 votos. Aunque con poco margen de diferencia –mil 424 sufragios—, el PRI mantuvo su hegemonía y la quiso aplicar a rajatabla impidiendo incluso que cuatro regidores, un panista y tres verdeecologistas, tomaran posesión de su cargo; año y medio después, y sólo a través de una controversia constitucional, fueron restituidos en el Cabildo.
En julio de 2015, ya con el PVEM en el poder, las estadísticas dieron un vuelco: el Verde recibió 10 mil votos más que el PRI, lo cual originó el conflicto poselectoral por presuntas irregularidades, entre ellas la coacción y compra del voto. El candidato triunfador, Domingo López González, es el exalcalde priista que estaba en funciones cuando en 2010 se anuló la elección.
Bajo estas circunstancias, surge la interrogante: ¿Por qué los partidos de la alianza gobernante PVEM-PRI no buscaron un candidato común en un municipio políticamente explosivo como San Juan Chamula para priorizar la gobernabilidad sobre los intereses partidistas? En este asunto mucho tiene que explicar Eduardo Ramírez Aguilar, quien desde la Secretaría de Gobierno operó el fortalecimiento del Verde a través del uso faccioso de los programas sociales y así cultivó la semilla de la violencia política. Ya como dirigente estatal del PVEM, Ramírez Aguilar acentuó su perfil pendenciero. En una gira por la zona Altos, previa a la elección, aseveró: «Quienes aspiramos a representarlos estamos obligados a preservar esta gran cultura en Chiapas, vamos a respetar a nuestras comunidades indígenas, las vamos a proteger y las vamos a cuidar, con la vida misma si es necesario. Ese es el compromiso que hacemos en el Verde».
Ese discurso incendiario es equiparable al que pronunció el candidato priista de Chamula, Marcelino González, en presencia del líder nacional César Camacho y del dirigente estatal, Roberto Albores Gleason. «En Chamula no se permitirá que entren otros partidos políticos a gobernar, ya que en este municipio únicamente gobierna el PRI; los apoyos para las mujeres, hombres y niños deben llegar a manos del presidente municipal y no a los partidos políticos contrarios al nuestro, aquí no vamos a permitir que nuestras tradiciones y costumbres se pongan en riesgo, lo vamos a defender a capa y espada», aseveró.
Con lo anterior queda claro que lo frágil de la gobernabilidad en Chiapas se debe en gran medida a decisiones erradas y utilitarias de quienes gobiernan el estado. Por un lado se pretende hacer creer que entre el PVEM y el PRI existe unidad y armonía en el ejercicio de gobierno; sin embargo, en los hechos lo que predomina es la disputa por el poder en perjuicio de la estabilidad política chiapaneca. El caso de Chamula es sólo el caso más visible de esa actitud irresponsable.
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