Golpes desde el Estado
Durante buena parte del siglo XX, América Latina vivió bajo la amenaza permanente de los golpes de Estado. La escena era conocida: tanques en las calles, generales en uniforme anunciando por radio la caída del gobierno civil y juntas militares que prometían restaurar el orden. Era la forma brutal, directa y visible de romper el equilibrio democrático. Hoy, sin embargo, el fenómeno ha mutado. Ya no siempre se trata de golpes contra el Estado, sino de golpes desde el propio Estado.
El método es distinto. En lugar de derribar gobiernos por la fuerza, la izquierda ha perfeccionado una ruta más eficaz y silenciosa: llega al poder por la escalera de la democracia… y una vez arriba, la patea. No es un fenómeno aislado, sino una misma lógica que se repite, con matices, tanto en España como en América Latina. Erosiona instituciones, debilita contrapesos, centraliza el poder y va violentando, poco a poco, las libertades. El poder civil comienza a fusionarse con el poder militar, y cuando eso ocurre, la alternancia deja de ser una posibilidad real.
Mucha gente se pregunta por qué los pueblos de Cuba, Venezuela o Nicaragua no se rebelan abiertamente contra sus gobiernos. La respuesta es incómoda, pero sencilla: porque enfrentarse a un Estado militarizado es, en los hechos, un suicidio. Cuando el poder controla no solo el gobierno, sino también las armas, el margen de rebelión desaparece.
Fidel Castro lo entendió desde el inicio. Nunca dejó de ser el comandante ni de vestir la casaca militar. La revolución era también un ejército. En Venezuela ocurrió algo similar: el chavismo nació de una intentona militar que después se transformó en proyecto político, pero sin soltar nunca el respaldo de las fuerzas armadas. En Nicaragua, Daniel Ortega pasó de guerrillero a presidente de un régimen que, con el paso del tiempo, se cerró sobre sí mismo. La paradoja latinoamericana es evidente: quienes un día empuñaron las armas para derrocar al Estado, terminan utilizando ese mismo Estado para perpetuarse en el poder.
El resultado es una nueva forma de autoritarismo. Ya no se necesitan tanques en las calles, porque el control del Estado —incluido su aparato coercitivo— está asegurado desde dentro. El golpe ya no es un evento, es un proceso.
Cuando las fuerzas armadas se convierten en el pilar del régimen, cualquier intento de rebelión queda neutralizado desde el inicio. El costo de enfrentarse a ese poder es demasiado alto. Por eso estos sistemas sobreviven incluso en medio del colapso económico, la escasez o el deterioro institucional. No es solo ideología: es control. Y aunque pocos quieren decirlo abiertamente, algo de esta lógica empieza a insinuarse también en México.
En los últimos años no solo se ha ampliado la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. Se les han entregado obras públicas, aeropuertos, puertos, aduanas, proyectos estratégicos y funciones administrativas que antes correspondían al poder civil. En los hechos, se les ha otorgado una patente de corso institucional.
No se trata únicamente de confianza. Se trata de poder. De presupuestos, de empresas, de control territorial y de opacidad.
Así comienza a gestarse una estructura que América Latina conoce bien: una aristocracia militar con intereses propios y una nueva élite de cleptócratas que amasan fortunas multimillonarias al amparo del poder.
Porque cuando el poder se blinda con uniforme, la democracia deja de ser competencia y se convierte en simulación.
