La situación de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes en Estados Unidos continúa estremeciéndonos. Organismos de derechos humanos, instituciones académicas y asociaciones médicas han advertido que las políticas de detención y separación familiar implementadas por la política migratoria de Donald Trump provocan consecuencias profundas y duraderas en la salud física y emocional de las infancias.
De acuerdo con la Brookings Institution (2025), más de 205 mil han experimentado la detención de su madre, padre o persona responsable de su cuidado desde el inicio de la actual administración. De ellos, alrededor de 145 mil tienen la ciudadanía de Estados Unidos, mientras que más de 53 mil tienen menos de seis años, una etapa decisiva para su desarrollo emocional y cognitivo.
Asimismo, investigaciones del Marshall Project han documentado que más de 6 mil NNA fueron alojados en centros de detención migratoria, más de mil 600 han estado enjaulados por más de 20 días y en promedio se detienen al día 226. El análisis señala que permanecieron retenidos por periodos superiores a los previstos por el Acuerdo Flores de 1997 que establece estándares mínimos para la protección de las infancias bajo custodia migratoria.
Las consecuencias de estas experiencias han sido ampliamente analizadas por personas especialistas que sostienen que, incluso periodos breves de reclusión de las infancias pueden producir secuelas emocionales de largo plazo.
UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado que la separación familiar constituye uno de los factores de riesgo más importantes para la salud mental infantil. La incertidumbre sobre el destino de las personas responsables del cuidado, el temor a la deportación y la interrupción de la vida escolar afectan la estabilidad emocional de las infancias y pueden influir en su desarrollo futuro.
Uno de los episodios más controvertidos sigue siendo la política de separación familiar aplicada entre 2017 y 2021. Según informes de Human Rights Watchy del grupo federal encargado de la reunificación, miles de NNA fueron separados de sus familias en la frontera. Aunque se han realizado esfuerzos para localizar y reunirlos con sus madres y padres, diversas organizaciones reportaron que al cierre de 2024 todavía existían casos sin resolver, reflejando la complejidad de reconstruir vínculos familiares después de años de separación.
Estados Unidos continúa siendo el único Estado integrante de la ONU que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que los Estados deben garantizar el interés superior de la niñez, preservar la unidad familiar siempre que sea posible y asegurar el acceso a salud, educación y protección sin discriminación. El dramático caso de Kevin González es un reflejo de que para la administración de Trump las razones humanitarias no existen.
Garantizar procedimientos compatibles con los derechos humanos implica reconocer que NNA migrantes no son responsables de las decisiones de las personas adultas y que su bienestar, debe ocupar un lugar central en las políticas públicas ya que las consecuencias de no hacerlo pueden derivar, además de los impactos señalados, en agresiones sexuales, maltrato, tortura o incluso homicidio. La protección de la infancia migrante constituye hoy una prueba fundamental para la capacidad de los Estados de conciliar seguridad, legalidad y dignidad humana. Además, de ser una deuda pendiente de derechos humanos.
