Por Mario Escobedo
«¡Si no hay solución, no rueda su balón!»
Con esa consigna, la Sección VII del SNTE-CNTE en Chiapas mantiene movilizaciones, marchas y la toma de instalaciones de Pemex en Tuxtla Gutiérrez. La frase no es casual. Llega justo cuando México se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta: la Copa Mundial de Fútbol 2026.
El mensaje es claro. Si las demandas del magisterio no son atendidas, tampoco habrá normalidad en un momento que busca proyectar al país ante los ojos del mundo.
Las exigencias tampoco son nuevas. La CNTE reclama la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007, cambios en el sistema de pensiones, mejores condiciones laborales y salariales, así como la revisión de reformas educativas que consideran lesivas para los trabajadores de la educación. Son demandas que llevan años formando parte de la agenda magisterial y que, para miles de docentes, representan una lucha legítima.
Y es aquí donde la discusión suele dividirse rápidamente.
Hay quienes ven las movilizaciones como una defensa necesaria de derechos laborales históricamente postergados. Otros consideran que las protestas afectan a terceros y generan costos sociales difíciles de justificar. Ambos argumentos tienen elementos válidos.
Pero mientras las cámaras apuntan a las marchas, los bloqueos y las negociaciones entre el gobierno y la CNTE, hay una pregunta que parece ausente de la conversación pública:
¿Dónde están los niños, niñas y miles de estudiantes sin clases?
No es una pregunta retórica. Es una pregunta literal.
¿Dónde están los miles de estudiantes que llevan semanas sin clases regulares? ¿Qué están aprendiendo? ¿Quién los acompaña? ¿Qué ocurre con ellos mientras los adultos discuten sobre pensiones, reformas, salarios, derechos laborales y presupuestos públicos?
Porque es verdad: marchar también enseña.
Las movilizaciones sociales forman parte de la historia democrática del país. Enseñan organización, resistencia, participación política y defensa de derechos. Ninguna sociedad democrática debería criminalizar la protesta. Muchos de los derechos laborales que hoy existen fueron conquistados precisamente porque alguien decidió salir a las calles.
Pero también es cierto que la ausencia de clases enseña otras cosas.
Enseña que los conflictos políticos pueden durar más que el calendario escolar. Enseña que las negociaciones pueden estancarse indefinidamente. Enseña que las decisiones de los adultos tienen consecuencias directas sobre quienes no participan en ellas.
Y ahí aparece una contradicción difícil de ignorar.
Mientras gobierno y magisterio defienden posiciones que consideran legítimas, miles de estudiantes permanecen suspendidos en una especie de limbo educativo. No están en las mesas de negociación. No aparecen en los comunicados oficiales. No encabezan las marchas. Sin embargo, son quienes absorben los costos más silenciosos del conflicto.
Quizá por eso la pregunta más importante no sea quién tiene la razón.
Tal vez la pregunta correcta sea quién está pensando en los estudiantes.
Porque las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina.
Y el tiempo escolar no funciona como el tiempo político. Un acuerdo puede firmarse mañana, la próxima semana o dentro de un mes. Pero las clases que no ocurrieron difícilmente regresarán. Los contenidos no vistos, los procesos interrumpidos y los aprendizajes pendientes rara vez se recuperan por completo.
Lo preocupante es que este escenario parece repetirse una y otra vez en México. Cambian los gobiernos. Cambian las reformas. Cambian las demandas. Cambian los liderazgos sindicales. Pero hay algo que permanece constante: los estudiantes siguen esperando.
Esperan que alguien resuelva.
Esperan que alguien negocie.
Esperan que alguien los coloque en el centro de la discusión.
Quizá el verdadero problema es que hemos normalizado que la educación sea el terreno donde se libran conflictos que en realidad pertenecen al ámbito político.
Y entonces volvemos a la consigna que hoy resuena en las calles:
«Si no hay solución, no rueda su balón».
Pero quizá también habría que preguntarnos algo más.
Mientras el país discute si rueda o no el balón del Mundial, ¿qué pasa con el otro balón, el de la educación, que lleva semanas detenido?
Porque cuando termine la protesta, cuando concluyan las negociaciones y cuando las cámaras se vayan, quienes volverán a las aulas serán los estudiantes.
Y ellos no deberían ser los grandes ausentes de esta conversación.
