¿Minera canadiense detrás de nuevo grupo armado en Chicomuselo?
Lo que sucede hoy en Chicomuselo, Chiapas, con el presunto resurgimiento de la minera Blackfire Exploration Ltd y sus nuevos métodos paramilitares para amedrantar a los pobladores de la zona, ha comenzado a encender las alertas entre las organizaciones ambientalistas y defensoras de Derechos Humanos dentro y fuera de nuestro país.
El nuevo llamado de auxilio llegó esta vez en voz del Movimiento Social por la Tierra (MST) quien advirtió sobre la repentina aparición de un nuevo grupo paramilitar, autodenominado MAÍZ, que se ha encargado de amenazar y agredir a activistas y pobladores involucrados en la lucha contra la explotación minera de la región.
Los hechos de mayor preocupación sucedieron apenas el pasado 30 de diciembre cuando Isabel Recinos Trigueros, dirigente del MST, fue secuestrado por los paramilitares, herido gravemente y luego abandonado en un paraje como mensaje intimidatorio para el resto de los pobladores. La agresión, que aún tiene al activista en recuperación, se dio luego de una serie de amenazas emitidas por el MAÍZ desde su aparición en 2022.
Y es que, la historia de violencia protagonizada por Blackfire en Chiapas no es nada nueva. Las operaciones de dicha minera en el ejido Grecia, de Chicomuselo, se detuvieron de manera abrupta en 2009 luego de que el defensor Mariano Abarca fuera asesinado el 27 de noviembre de ese año tras haber encabezado una lucha social contra las afectaciones de la minera canadiense.
Así, con el cierre de la mina (por la presión de los pobladores) se inició una disputa legal con la minera, quien exigió el pago de casi 800 millones de dólares como indemnización por la interrupción de sus operaciones. Al mismo tiempo, familiares de Abarca emprendieron la propia lucha legal para exigir justicia, denunciando de manera constante el involucramiento de empresarios, funcionarios locales y miembros de la embajada canadiense en el encubrimiento de los responsables.
La concesión con título 225159, denominada La Revancha 2 Fracc A, cuyo titular es Tristán Canales Reyna, prestanombres de Blackfire, y cuya superficie se empalma con el ejido Grecia, aún continúa vigente y representa la concesión con mayor cantidad de tierras en el municipio, con un total de 11 mil 387 hectáreas. Sin embargo, según las organizaciones, la minera no cuenta actualmente con los permisos de impacto ambiental y los acuerdos comunales para volver a operar.
Pese a todo lo anterior, desde septiembre del año pasado miembros del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) denunciaron el incremento de las intimidaciones contra defensores del territorio y pobladores de Chicomuselo derivado de la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en localidades como El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez.
Sin embargo, otra vez no ha habido procedimiento de consulta previa, ni tampoco estudios ambientales para una reactivación minera en la zona. Por eso, hace unos meses los pobladores, junto al MST, presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La respuesta de la dependencia federal fue clara, determinando que no existen condiciones de seguridad para realizar la investigación ante la ola de violencia e inseguridad que se está dando en la región.
Desde entonces las agresiones contra las organizaciones defensoras y los pobladores se agudizaron. Detrás de todo, aseguran, están los intereses de la minera Blackfire, pero con un rostro distinto. Y es que, desde el año 2017 la empresa canadiense realizó un cambio en el título de concesión para ahora llamarse “Barita de Chiapas” y, con ello, reiniciar la explotación ilegal del mineral en el ejido Santa María.
La nueva estrategia de la minera ha sido dejar el trabajo sucio a “brazos” de la delincuencia organizada, disfrazados de grupos paramilitares, financiados por la propia empresa. Esa ha sido específicamente la función del “MAÍZ” durante los últimos meses en la región: la intimidación, las agresiones sistemáticas y, de ser necesario, atentar contra la vida de los defensores de la tierra como ocurrió el pasado 30 de diciembre.
Por eso hoy existe una seria preocupación entre los habitantes de Chicomuselo de que la extracción minera se realice ahora en contubernio con la delincuencia organizada y en un contexto de militarización. Por eso las alarmas se han encendido más allá de las fronteras estatales. Porque el contexto se ha vuelto más turbio y riesgoso con la presencia de esos nuevos grupos armados del crimen organizado, sin rostro, cargados de impunidad y sin límites para imponer sus condiciones… así las cosas.
