Los cómplices privados de la corrupción electoral
El reciente escándalo provocado por el desafuero del denominado «diputado migrante» en Chiapas, Roberto Pardo Molina, debido a la investigación que la FEPADE sigue en su contra por presunto fraude en el proceso donde fue electo, es hoy combustible puro para quienes han acusado enérgicamente la permanente colusión entre los órganos electorales y las empresas contratadas para los conteos preliminares.
Sin trastabillar y de manera privada, el pasado fin de semana, a solicitud de la propia Procuraduría General del Justicia del Estado, el Congreso de Chiapas desaforó y separó del cargo al diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en un hecho sin precedentes recientes para el legislativo estatal.
Con el voto contundente de sus propios compañeros de bancada y el abandono del aparato gubernamental que lo arropó en la candidatura, Roberto Pardo quedó prácticamente a disposición de las autoridades judiciales para seguir un proceso legal que podría llevarlo tras las rejas.
Al «diputado 41» se le acusa de orquestar junto a la Empresa DSI Elecciones S.A. de C.V., contratada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para realizar la elección de los chiapanecos en el extranjero, un fraude electoral que consistió en la alteración de la lista nominal y el registro de votos de ciudadanos que ni siquiera se encontraban fuera de Chiapas.
Sería pecar de ingenuidad creer que Pardo Molina fue el orquestador absoluto de semejante fraude. Y es que, hoy el «gobierno verde» y hasta la dirigencia estatal de su propio partido político ha saltado indignada con reacciones hipócritas que, incluso, han desencadenado en la expulsión exprés de Roberto Pardo.
No señores. Ni el IEPC, ni el resto de los implicados (incluidos el PVEM) pueden lavarse las manos tan cobardemente. A la Empresa DSI Elecciones S.A. de C.V. la contrató el IEPC pese al embargo que esta empresa realizó en contra del instituto electoral y las múltiples anomalías denunciadas formalmente en entidades como Tabasco.
En un asunto por demás extraño, al IEPC no le importaron los escandalosos antecedentes de DSI documentados en otras partes del país, ni los procesos judiciales emprendidos en su contra, para entregar a esta empresa el millonario contrato (calculado en más de 10 millones de pesos) para organizar la elección del diputado migrante en el extranjero.
Sin embargo, este no es el único caso sospechoso, pues para esa misma jornada electoral del 19 de julio el IEPC autorizó también de manera directa la contratación de la empresa Smarmatic para operar el programa electoral de resultados preliminares, pese a que ésta enfrenta procesos de inhabilitación y malos antecedentes en los países de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela y en las entidades de Campeche y Tabasco.
Smarmatic Elecciones México tiene además un proceso de incumplimiento de contrato con la Secretaría de Gobernación (Segob). Por ejemplo, el Gobierno Bolivariano de Venezuela, colocó en el sitio oficial de la Comisión Central de Planificación que dicha empresa se encuentra inhabilitada para ser contratada en ese país.
En Argentina la coalición de partidos de oposición presentaron una denuncia formal contra de Smartmatic, debido a la falta de información sobre el software que utilizó en el conteo de sufragios, en mayo pasado.
En Guerrero, según el oficio 056/SE/20-03-2015, los consejeros del Instituto Electoral desecharon por mayoría la contratación de Smartmatic debido a los malos antecedentes y encarecimiento del software del PREP en los comicios para renovar la gubernatura, alcaldías, diputaciones locales y federales el 7 de junio de 2015.
Pese a todo lo anterior, según consta el oficio IEPC/CG/A-052/2015, los consejeros de Chiapas contrataron sin miramientos a la empresa Smartmatic que finalmente terminó entregando deficientes resultados con un programa electoral de resultados preliminares demorado, repleto de fallas sospechosas, e interrumpido de manera prematura.
Ni en el caso de DSI, ni de Smartmatic, el IEPC puede lavarse las manos tan fácilmente. Sabía de los antecedentes de ambas empresas y aun así entregaron los contratos millonarios. Todo con una descarada discrecionalidad que despierta las más lógicas sospechas.
Todo indica hoy que Roberto Pardo ha sido elegido como el elemento a sacrificar tras el destape de una cloaca donde muchos actores políticos (incluido el árbitro, el aparato gubernamental y su propio partido) tienen metidas las manos. Finalmente, al «diputado migrante» le ha tocado cargar con las culpas de todos y enfrentar el juicio donde sólo se deja ver la punta de un fraude electoral seguramente a mayor escala.
