Por Mario Escobedo
La reacción inmediata ante las declaraciones de la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez fue la indignación. También hubo aplausos. Y quizás ese sea el dato más importante de toda esta historia.
Porque el verdadero problema no es que una legisladora haya expresado una opinión polémica desde la tribuna del Congreso. El verdadero problema es que miles de personas estuvieron de acuerdo.
Vivimos tiempos curiosos. Cuando una declaración genera controversia, la discusión suele reducirse a dos bandos irreconciliables: quienes exigen sanciones inmediatas y quienes invocan la libertad de expresión como escudo absoluto. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a formular la pregunta correcta.
¿Puede una diputada pensar eso?
La respuesta inmediata es sí.
Y precisamente ahí comienza el debate.
Una democracia no se construye sobre opiniones correctas, sino sobre la posibilidad de expresar incluso aquellas que consideramos equivocadas. Si una legisladora no pudiera expresar una postura impopular o incómoda, tampoco podría cuestionar al gobierno, denunciar abusos o representar a sectores minoritarios de la población. La inviolabilidad parlamentaria existe justamente para eso.
Pero la pregunta tiene una segunda parte.
¿Puede una diputada decirlo desde la tribuna y esperar que no existan consecuencias políticas, éticas o sociales?
La respuesta es no.
La libertad de expresión protege el derecho a hablar; no protege del debate público, de la crítica ni del escrutinio ciudadano.
Aquí es donde la discusión suele confundirse.
En una democracia madura no se censuran las opiniones. Se confrontan. Se discuten. Se desmontan con argumentos. Se exhiben sus contradicciones. La cancelación puede silenciar una voz durante un tiempo; la deliberación pública puede derrotar una idea.
Sin embargo, México tiene una relación complicada con este tema.
Pártase de un hecho conocido: este problema no suele existir en las democracias sólidas ni en los regímenes totalitarios. En las primeras, porque la libertad de expresión forma parte de la vida cotidiana. En los segundos, porque solamente existe una voz autorizada. La tensión aparece en lo que durante décadas hemos llamado, con cierta indulgencia, una democracia imperfecta.
Las imperfecciones son evidentes. Las leyes garantizan libertades, pero muchas veces su aplicación depende de circunstancias políticas. Defendemos la libertad de expresión en abstracto, pero frecuentemente intentamos restringirla cuando la opinión expresada nos resulta ofensiva.
Por eso el caso de la diputada trasciende a la propia diputada.
Si mañana se sanciona una opinión por ser considerada ofensiva, ¿quién decidirá cuáles opiniones pueden expresarse y cuáles no? ¿El gobierno? ¿Los partidos? ¿Las mayorías? ¿Las redes sociales?
La historia demuestra que ese camino suele terminar mal.
Pero existe otro riesgo igualmente peligroso: asumir que cualquier discurso es aceptable porque proviene de una libertad individual.
Karl Popper advirtió esta contradicción en lo que llamó la paradoja de la tolerancia. Una sociedad que tolera sin límites incluso a quienes promueven la exclusión puede terminar destruyendo las condiciones que hacen posible la convivencia democrática. La tolerancia absoluta puede convertirse, paradójicamente, en el camino hacia la intolerancia.
Entonces, ¿qué hacemos?
Quizás la respuesta no sea prohibir la opinión ni normalizarla.
Quizás la respuesta sea discutirla.
Porque las palabras de la diputada no aparecieron de la nada. Reflejan creencias, prejuicios, valores religiosos, temores culturales y posiciones políticas que existen en una parte de la sociedad chiapaneca y mexicana. Fingir que no existen sería intelectualmente deshonesto.
La pregunta de fondo no es si María Isabel Rodríguez tiene derecho a pensar lo que piensa.
Lo tiene.
La pregunta verdaderamente democrática es si una sociedad puede sostener simultáneamente dos principios: el derecho de una persona a expresar su opinión y el derecho de otra a vivir sin ser discriminada.
Ese equilibrio es mucho más complejo que los aplausos o los abucheos de las redes sociales.
Y quizá ahí radica la diferencia entre una democracia que simplemente vota y una democracia que realmente aprende a convivir con sus desacuerdos.
Porque al final, el problema no es que una diputada piense eso.
El problema es descubrir cuántos ciudadanos piensan exactamente lo mismo.
