Todd Blanche, fiscal general en funciones, afirmó que la cooperación de líderes criminales bajo custodia estadounidense podría derivar en nuevas imputaciones; México exige pruebas y defiende el debido proceso
AquíNoticias Staff
La presión judicial de Estados Unidos sobre la política mexicana entró en una nueva fase. Todd Blanche, fiscal general en funciones de ese país, afirmó que el Departamento de Justicia podría presentar más cargos contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles del narcotráfico.
La declaración fue hecha en entrevista con NewsNation, días después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve actuales o exfuncionarios mexicanos por presuntos delitos de narcotráfico y armas. El Departamento de Justicia identifica oficialmente a Blanche como fiscal general en funciones y fiscal general adjunto número 40 de Estados Unidos.
“Ya hemos acusado formalmente a varios funcionarios del Gobierno de México… y a un juez recientemente también. Y eso es algo que va a continuar”, dijo Blanche, de acuerdo con la información difundida tras la entrevista.
El mensaje tiene una lectura mayor: Washington no solo observa a los cárteles, sino también a las redes políticas y judiciales que, según sus investigaciones, habrían permitido su operación. La acusación del Distrito Sur de Nueva York sostiene que los funcionarios señalados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Blanche vinculó la posibilidad de nuevos cargos con la cooperación de líderes criminales trasladados a territorio estadounidense durante el último año. “Una consecuencia de haber traído aquí a muchos líderes de algunos de estos cárteles durante el último año, en cooperación con el Gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente querrán cooperar, y eso podría derivar en cargos adicionales”, señaló.
La acusación contra Rocha Moya y los otros nueve señalados fue anunciada el 29 de abril. El documento del Departamento de Justicia acusa a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázares, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Associated Press reportó que los cargos contra Rocha Moya incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como otro cargo de conspiración; en caso de condena, podría enfrentar cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años.
La respuesta mexicana ha sido cautelosa. La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que Estados Unidos debe presentar pruebas, no solo “dichos” o “inventos”, contra el gobernador de Sinaloa y los demás funcionarios señalados. También afirmó que su gobierno no protegerá a políticos con vínculos criminales demostrados: “el pueblo de México tiene que tener claro primero que la presidenta no cubre a nadie”.
El caso coloca a México en una tensión de doble frente: exigir respeto a su soberanía y, al mismo tiempo, responder a señalamientos graves que alcanzan a figuras del poder público. La disputa ya no se limita al combate al narcotráfico; toca la legitimidad institucional, la cooperación judicial y la confianza pública en los gobiernos.
Blanche buscó matizar el tono al afirmar que la relación con México es positiva y que la cooperación bilateral sigue siendo relevante para contener el flujo de drogas. “No quiero sugerir que nuestra relación sea mala. Al contrario, tenemos una relación muy positiva con buena parte del Gobierno en México en este momento”, dijo.
Sobre una eventual presencia militar estadounidense en territorio mexicano, el fiscal en funciones descartó que esa sea una decisión actual del Departamento de Justicia y señaló que una medida de ese tipo correspondería al presidente Donald Trump. “No creo que eso sea una realidad en absoluto”, afirmó.
El mensaje, sin embargo, ya quedó colocado: Estados Unidos prepara una ofensiva judicial más amplia contra presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y redes criminales. México, por su parte, exige pruebas. Entre ambos puntos se abre una zona delicada para la relación bilateral: la lucha contra los cárteles, cuando entra al terreno del poder político, deja de ser solo un asunto de seguridad y se convierte en una prueba institucional.
