La violencia en las cárceles del país sigue siendo grave y la forma en la que llegan las armas a quienes están presos, está relacionada con la corrupción que resulta muy difícil de combatir y que en las riñas y motines que se desatan quedan al descubierto. De acuerdo a cifras reveladas por la Secretaría de Gobernación del 2013 al 2016 hay un saldo de 271 reclusos muertos como resultado de los enfrentamientos en los penales del país lo que da como consecuencia el homicidio de un preso cada semana en promedio y demuestra que el control de lo que entra y sale de los ceresos, rebasa los operativos de revisión, exhibe que hay contubernio entre autoridades y reclusos para que en prisión no solo tengan privilegios sino también siga entrando droga, armas y todo lo que está prohibido y es que, empleados de los penales por ambición o por amenazas son seducidos por los círculos de delincuencia que operan en las cárceles y que pagan muy bien a quienes participan con ellos en acciones ilegales.
Las estadísticas señalan que de 2013 a 2016 se reportaron tres mil 159 riñas y 24 motines en prisiones de 21 entidades federativas. En 2013 hubo 83 asesinatos en cárceles; en 2014, 49; en 2015, 52; en 2016 se registraron 85 homicidios por contusiones, armas punzocortantes o de fuego. En las prisiones que administra el gobierno de Nuevo León se cometieron 61 asesinatos; en la Ciudad de México, 57; en Tamaulipas, 45; en el Estado de México, 27; en Jalisco, 12; y en Sonora se reportaron 14 casos. Las agresiones están vinculadas con amenazas, extorsiones, cotos de poder, el ingreso de objetos y sustancias prohibidas, venta de artículos de primera necesidad, así como el control del mercado de la droga que circula al interior de los penales sin ninguna medida, los controles que aplican las instancias encargadas de los penales no son suficientes para detener la violencia en estos centros pues desafortunadamente prevalece el autogobierno, la falta de custodios confiables y la ausencia de esquemas para mantener el control de los ceresos de los tres niveles de gobierno.
Con Filo
El periodista Silvano Bautista Ibarias fue demandado por daño moral, luego de publicar que la legisladora local del PRI, María Olvera, tiene dos actas de nacimiento, dos curp y ocho averiguaciones previas vigentes por diversos delitos. La legisladora local exige cinco millones de pesos para reparar el daño que le ha ocasionado esta información que asegura es falsa y argumenta que para ser legisladora solicitó una carta de antecedentes no penales, que le fue dada sin ningún problema, sin embargo, hay que aclarar que la carta de antecedentes no penales es otorgada cuando no hay sentencia alguna, y en el caso de la diputada no ha sido juzgada por ninguna de las averiguaciones iniciadas en su contra, de tal manera que pueden existir mil averiguaciones previas en su contra y le pueden otorgar el citado documento, pero no quiere decir que sea inocente o que estas no estén iniciadas. Afirma también, en una entrevista otorgada a radio que la denuncia la realizó como cualquier ciudadano, pero para ello, la diputada del PRI, tendría que haber renunciado al cargo que ostenta de lo contrario su demanda la hace como diputada local. Esta legisladora que por cierto tuvo que pedir prestados documentos que acreditaran su residencia en el distrito del que es legisladora y que ni siquiera conocía por que ni siquiera es de esa zona, pero se le debería juzgar por que desde los inicios del proyecto de la a Central Hidroeléctrica (CH) Chicoasén II que era uno de los 23 proyectos estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad en esta administración y que tendría una inversión de 442 millones de dólares, ella se ha encargado de bloquear los trabajos para imponerse caprichosamente en temas de mano de obra y otro tipo de prestación de servicios para la CTM que supuestamente dirige. Este proyecto sería el primera en México en utilizar turbinas tipo bulbo de la más alta tecnología, emplearía a dos mil personas en su construcción en 180 hectáreas en Chiapas y generaría energía limpia para iluminar, por lo menos, 1.6 veces la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero por los constantes bloqueos quedó paralizado ya que aumentó en costoo, en por lo menos 208 millones de dólares adicionales al precio del contrato original, teniendo la obra un avance de tan sólo 17%, y como ya no es redituable invertirle más, se declarará como un proyecto inviable. Por esto debería ser desaforada y juzgada ya que bloqueo un proyecto de gran importancia, pero aun con todos los antecedentes penales acumulados se protege en el fuero y desde el Congreso del Estado hace de las suyas a quien la critica. En fin esperemos que su partido haga algo, porque para desgracia de Roberto Albores Gleason, estas son sumas que restan…///Como parte del programa Escuela Segura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), llevó a cabo el «Operativo Mochila» en la Secundaria Técnica 134 del municipio de Chiapa de Corzo lo cual es muy acertado, por otra parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que en próximos días se realizarán entrevistas con los alcaldes de los 122 municipios de la entidad, para participar en el programa denominado «Fortalecimiento a la Seguridad Pública Municipal» que consiste en reforzar a los cuerpos de seguridad pública municipal, incrementado el número de personal, el equipamiento y los salarios, esto con base en el compromiso de cada munícipe y con el apoyo del Gobierno del Estado, tras señalar que la seguridad es un compromiso de todos, incluyendo a los ayuntamientos, por lo que el gobernador Manuel Velasco Coello instruyó el acercamiento inmediato con cada edil del estado, para participar en el programa, teniendo como primera etapa la entrega de una patrulla por cada dos unidades que financie cada ayuntamiento.
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