Derechos igualitarios, un camino sin retorno
El tema del matrimonio igualitario en Chiapas, como en el resto de México, ha dejado de manifiesto que más allá de las oposiciones o controversias, la aplicación de los Derechos Humanos debe asumirse como un asunto de obligatoriedad y no de negociación, consenso, política electorera y complacencias a grupos de poder.
Ante la falta de responsabilidad y voluntad legislativa, la lucha por el reconocimiento de los derechos igualitarios de la población LGBTI en la entidad chiapaneca se ha encausado por la única ruta que hasta el momento ha demostrado ser efectiva en México: la jurídica.
Desde ahí se ha tenido que obligar a las autoridades a hacer valer lo que deberían implementar sin la amenaza de instrumentos legales. Al «puño de la fuerza jurídica» se ha tenido que hacer patente un precepto esencial para la conformación de México como país: el principio de igualdad ante la ley para todas y todas sin excepciones.
Y es que, este mismo domingo la asociación civil Unidos Diferentes (UDAC) hizo público el segundo fallo por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF) en favor de la segunda pareja homosexual en Chiapas para poder acceder al matrimonio civil en la entidad.
El Segundo Juez de Distrito, por lógica legal, terminó concediendo el amparo a una pareja del mismo sexo contra la negativa del Registro Civil en Chiapas para permitirles el trámite de matrimonio civil que por derecho constitucional tienen todas las parejas por igual.
Además, el PJF terminó reiterando la inconstitucionalidad de los artículos 144 y 145 del Código Civil local al que hasta el momento no se le ha querido abordar, manteniéndolo como una normativa violatoria a los Derechos Humanos y la misma Constitución Mexicana. Se trata de un Código Civil que hoy se sostiene con más debilitados hilos y amenaza con aplastar las carreras políticas de varios legisladores omisos.
El matrimonio igualitario en Chiapas es un pendiente que tiene las horas contadas, pues detrás está la maquinaria legal y su reconocimiento constitucional seguramente no va a demorar tanto como para ver el próximo año. Es una realidad imparable que sucederá con o sin la aprobación de esos grupos religiosos que nada tiene que hacer en asuntos del Derecho.
Los y las legisladoras de Chiapas aún se encuentran dentro de ese lapso benévolo para evitar que las autoridades superiores terminen exhibiéndolos como entes omisos y violatorios de la Constitución, pero el tiempo se les está acabando. Hay más litigios legales en proceso y hoy los vientos no son favorables para los responsables de legislar en la entidad.
Sea mediante una reforma voluntaria o la resolución inminente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el matrimonio igualitario en Chiapas está en la antesala de ser una realidad para alrededor de medio millón de personas que en la entidad se reconocen públicamente LGBTI y que sólo representan al 60 por ciento de la esa población total, según la encuesta Nacional sobre Discriminación, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Así las cosas.
