Chiapas y la represión errada
Se ha cumplido ya una semana del desalojo y la detención arbitraria del grupo de empresarios que se manifestaban en la explanada de la Torre Chiapas exigiendo al Gobierno de Estado el pago de deudas añejas, sin que hasta el momento las autoridades hayan salido nuevamente a la luz pública para exponer la situación actual de un proceso judicial plagado de múltiples cuestionamientos y posibles violaciones al debido proceso.
En torno a este caso las autoridades estatales han preferido guardar silencio, pese a los señalamientos y exigencias de diversos sectores que piden a gritos la liberación de los líderes del grupo de Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO). Pero la represalia política parece haberse prolongado más de lo esperado. Los acuerdos intimidatorios aún no apuntan a concretarse para facilitar la liberación de los recluidos en «El Amate».
Más de allá de los intereses «ocultos» que algunos aluden en torno a la figura de Rafael Jiménez Arechar, la represión y encarcelamiento cometido en su contra son procedimientos altamente cuestionables que no pueden ser respaldados en ninguna circunstancia. Se sustentan como un evidente abuso de autoridad.
La reclusión del excandidato independiente, junto a otros cinco empresarios, se configura como uno de los más evidentes ejemplos del autoritarismo y la cerrazón política en Chiapas para responder de manera sensata a los conflictos. Los errores cometidos por los operadores de Manuel Velasco siempre han estado relacionados con las formas en las que se ejecutan las decisiones gubernamentales.
Los tropiezos en las ejecutorias han convertido hoy a Jiménez Arechar y sus compañeros empresarios en evidentes presos políticos de la actual administración estatal. Los han colocado en las posiciones menos favorables para un gobierno tan débil y desacreditado como el de Manuel Velasco que requiere a gritos de una reconciliación urgente con sus gobernados. Cosa que se ve verdaderamente complicada.
La liberación de los empresarios detenidos (Sayi, Mercedes, Jorge, Oscar, Rafael y Luis Armando) debe darse a la brevedad y en las mejores condiciones posibles de garantía a sus derechos humanos en torno a sus libertades plenas. Su estancia se ha prolongado más de lo soportable y la situación podría recrudecerse con el paso de los días.
La represión contra los críticos del sistema nunca debe ser vía para cualquier gobierno que se asuma demócrata. Debe indignarnos a todos, aún con las diferencias que existan de por medio. Agresiones como las denunciadas por activistas como Mike Camacho no pueden pasarse por alto. Son causa legítima para unir voces de rechazo que no necesiten vivir en carne propia las consecuencias de la intolerancia para generar afinidad.
El gobierno de Chiapas debe reconsiderar profundamente los procedimientos utilizados para enfrentar la crisis o a los adversarios. Manuel Velasco no puede permitirse transitar hacia una posición más comprometedora y lastimosa como lo es la imagen de un represor. Javier Duarte y otros tiranos de la política nacional no deberán ser precisamente ejemplos a seguir para el joven mandatario chiapaneco que ya suficientes problemas tienen en sus hombros.
